"Hemos presentado dos denuncias ante la CIDH por los decretos del presidente Macri contra la ley de medios", señaló Palmieri.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, diversas universidades nacionales, y varias asociaciones de medios comunitarios han presentado una carta esta semana ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantear los motivos de su solicitud.
Los organismos denuncian "los graves impactos en materia de libertad de expresión" que derivan de la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como ley de medios, aprobada en 2009 durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El grupo mediático Clarín impugnó la norma, por lo que se retrasó la entrada en vigor de la ley de medios durante cuatro años hasta que la Corte Suprema de Justicia falló a favor.
El actual Gobierno decretó la intervención en diciembre de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Ejecutivo fusionó posteriormente ambos organismos en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que deberá regular en esta materia.
Macri decidió modificar la ley de medios para permitir la venta de medios audivisuales —prohibido hasta el momento- y eliminó las restricciones a las empresas de televisión por cable, que hasta ahora sólo podían operar en un máximo de 24 ciudades, las cuales pasan a estar regidas por la ley de telecomunicaciones.
Al mismo tiempo, el Gobierno eliminó las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable, radio y televisión abierta, de modo que facilita la integración de cadenas privadas.
El Ejecutivo también autorizó hasta 15 licencias de servicios de comunicación audiovisual en casos de televisión abierta o radio, cuando antes el límite eran 10 licencias.
"Esto favorece la concentración de medios, y dificulta la libertad de expresión", denunció Palmieri.
"En nuestro caso, además complica cuestiones que tienen que ver con la competencia", indicó.
El representante de la Universidad de Quilmes explicó que la ley de medios obligaba a que en las emisiones por cable hubiera frecuencias universitarias, y daba un espacio a las universidades en la televisión digital abierta.
"Las universidades ya no tienen garantizado su lugar de representación", señaló.
Palmieri achacó al Gobierno su alianza "estratégica con los medios concentrados", lo que les llevó a modificar la ley de medios.
"Macri no intentó hacer una ley consensuada, no quiso que se reformara", señaló, agregando que "era solo cuestión de derogar la ley de medios y no hacerla aplicable en ningún momento".
Dos jueces federales suspendieron el 11 de enero los decretos de Macri y restablecieron la ley de medios. A la espera de que la situación se dirima en la Justicia, el profesor de la Universidad de Quilmes señaló que es necesario un poder Ejecutivo que acompañe la ejecución de la normativa.
"El objetivo de la ley requiere un Gobierno que acompañe la ley de medios, cosa que no pasará durante estos cuatro años que dura la gestión de Macri", lamentó.
