Fundación indígena de Brasil busca financiamiento internacional

La Fundación Nacional del Indio de Brasil (FUNAI), el principal órgano público de protección a los 817.000 indígenas del país, deberá recurrir a la ayuda extranjera para superar un difícil 2016 después de que el Gobierno decidiese recortar su presupuesto anual un 24 por ciento, el más modesto desde 2012.

Así lo confirmó recientemente el presidente de la FUNAI, Joao Pedro Gonçalves, quien cree que los 533,7 millones de reales (133,5 millones de dólares) del presupuesto para 2016 serán insuficientes para garantizar las actividades de control y demarcación de las tierras indígenas o la protección de los pueblos aislados y de reciente contacto, actividades para las que el presupuesto se redujo un 44 por ciento.

Por todo ello, el pasado 8 de diciembre Gonçalves mantuvo una reunión con representantes del Gobierno de Noruega, que mantiene desde hace años diferentes trabajos sobre poblaciones del Amazonas junto a la FUNAI, y mantendrá encuentros similares con los Gobiernos Alemania y Estados Unidos.

En este último caso se recurriría a la USAID, órgano norteamericano encargado de la ayuda humanitaria.

"Actuaremos con países que trabajan con pueblos indígenas y tienen una relación respetuosa con la poblaciones tradicionales", afirmó Gonçalves en declaraciones recogidas por el portal brasileño UOL.

Gonçalves mencionó "Noruega, Nueva Zelanda y Alemania" que "tienen trabajos robustos en Brasil". 

"Será una forma de reforzar nuestro presupuesto", agregó.

La denuncia del principal responsable del FUNAI se solapa con la de la mayoría de los líderes de los movimientos indígenas de Brasil que reclaman al Gobierno una acción decidida para proseguir con el proceso de demarcación de tierras indígenas en el país, evitar el genocidio de poblaciones enteras por parte de los madereros ilegales y los ejércitos de los terratenientes, así como establecer una lucha en el Congreso Nacional contra la Propuesta Enmienda Constitucional (PEC) 215.

En este sentido, el proyecto PEC-215 que se encuentra en plena discusión en el Congreso Nacional podría arrebatar a la Presidencia de la República la potestad para demarcar nuevas tierras indígenas, que pasaría a ser responsabilidad del Congreso de los Diputados, lugar donde la llamada "bancada ruralista", es decir, los diputados vinculados a la agroindustria, cuentan con enorme poder de decisión lo que llevaría a la revisión de muchas de las tierras ya concedidas.