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    El coronel del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de un grupo de personas durante la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

    Sánchez Rubiano, sentenciado bajo el cargo de desaparición forzada agravada, era comandante del hoy desaparecido B-2 (inteligencia) del Ejército de Colombia para el momento en que ocurrieron las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, y Bernardo Beltrán, uno de los empleados de la misma.

    Pese a que fue el primer militar vinculado a este proceso y detenido en 2006, recuperó su libertad en 2008 por vencimiento de términos y sólo este martes el juzgado ordenó su captura inmediata.

    Según el juzgado que dictó el fallo, existen pruebas de que Sánchez Rubiano tuvo conocimiento de los interrogatorios a los que fue sometido un grupo de personas en la Casa del Florero, un museo ubicado diagonal al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y que funcionó de manera improvisada como centro de inteligencia y de operaciones por parte de los militares.

    La condena anunciada este martes también deja sin efecto la decisión de la Justicia Penal Militar que previamente había exonerado al oficial de la responsabilidad frente a la desaparición forzada de la guerrillera del M-19 (Movimiento 19 de Abril) Irma Franco Pineda, desaparecida en la retoma del Palacio por parte de los militares.

    Ante esto la Fiscalía General de Colombia deberá estudiar la posibilidad de reiniciar la investigación en contra del coronel en retiro "por ese hecho, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas frente a la grave violación de derechos humanos que esto significa", señala el diario El Espectador.

    La toma del Palacio de Justicia fue protagonizada por miembros de la extinta guerrilla del M-19 (Movimiento 19 de Abril) que pretendían someter al presidente Betancur a un juicio público por faltar a los compromisos asumidos en las negociaciones de paz, realizadas con ese grupo subversivo en los Acuerdos de Corinto (Cauca, suroeste) en 1984.

    El Ejército ordenó el asalto del edificio, operación en la que murieron 98 personas (entre ellas once magistrados) y otras once personas fueron dadas por desaparecidas.

    Sólo hasta el pasado 20 de octubre la Fiscalía pudo identificar plenamente los restos de tres de los desaparecidos: Cristina del Pilar Guarín Cortés (cajera de la cafetería del Palacio), Lucy Amparo Oviedo (empleada de la cafetería), y Luz Mary Portela León (una visitante ocasional), mientras que el 24 de diciembre último se conoció que también se identificaron los restos de María Isabel Ferrer, otra visitante.

    En diciembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado Colombiano por la desaparición de aquellas once personas y la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles en el Palacio de Justicia.

    En el marco de esa sentencia, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió perdón en noviembre pasado —en el acto de conmemoración de los 30 años de la toma- debido a la responsabilidad del Estado en esos hechos.

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    Etiquetas:
    prisión, Fiscalía General de Colombia, M-19, Bernardo Beltrán, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Edilberto Sánchez Rubiano, Colombia
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