El anuncio se da luego de que el pasado 22 de diciembre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciara en una alocución televisada que las personas que hayan financiado el conflicto armado interno o colaborado con él por su propia voluntad serían objeto de procesos judiciales.
Las penas que se le aplicarán a cada uno de los involucrados "dependerá(n) de la definición que debe darse al concepto de apoyo determinante", por lo que corresponderá al tribunal especial evaluar la situación de cada caso.
Los delitos que se investigan son 543 homicidios, 380 secuestros, 93 reclutamientos ilícitos, 78 extorsiones y 55 desapariciones forzadas.
También se analizan casos de asociación para delinquir, fuga de presos, testaferrato y amenazas, entre otros, indica el texto.
"En el grupo de personas que aparecen vinculadas a cada proceso, que son por lo menos 1.500, hay cien servidores públicos", entre los que hay personeros, concejales y militares, informó la fiscalía.
El Gobierno y las FARC iniciaron en 2012 en La Habana unas negociaciones de paz basadas en una agenda de seis puntos, con el objetivo de poner fin a 51 años de guerra interna mediante un tratado final que se firmaría el 23 de marzo de 2016.
