Desde entonces la negociación de una agenda de seis temas exhibió muchos resultados concretos.
El más relevante fue el acuerdo sobre justicia transicional y reparación de las víctimas, que insumió un año y medio de discusiones en La Habana antes de ser finiquitado el martes 15.
El texto define cuánto se debe sacrificar de justicia a cambio de alcanzar la paz, compromete a las FARC a participar en la búsqueda de personas desaparecidas y reparar a las víctimas, y deja establecidas garantías para la no repetición de los hechos, además de asegurar el castigo de los crímenes de lesa humanidad.
Con este, cuatro de los seis puntos de la agenda están acordados: justicia y reparación, desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas.
El fin del conflicto debe definir los términos de un cese bilateral del fuego, pero el desacuerdo sobre las condiciones del desarme, desmovilización y reintegración de las FARC a la vida civil vienen demorando el cese del fuego, que el Gobierno quiso fijar para el 1 de enero y luego las FARC propusieron para el 16 de diciembre.
Pese a que las partes han pisado el acelerador a fondo, las posibilidades de que el cese del fuego bilateral se logre antes de que termine 2015 son improbables, sobre todo si se tiene en cuenta que las delegaciones entran ya en un receso que abarcará las primeras semanas de enero.
Así que en 2016, una vez se definan las condiciones de la transición de los insurgentes a la vida civil, los negociadores deberán abordar el segundo de los puntos pendientes: la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
En este terreno el Gobierno de Santos dio pasos de gigante este año para llevar a cabo un plebiscito que someta a voto popular el acuerdo final de paz, eligiendo uno de tres mecanismos constitucionales e impulsando su aprobación en el parlamento.
Campo, política y drogas
El alzamiento de las FARC en 1964 fue consecuencia de "La Violencia", período de sangrientos enfrentamientos entre los partidos Liberal y Conservador (1948-1958) que dejó cientos de miles de muertos, bandolerismo rural, desplazamientos y pobreza.
El acuerdo "Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral", anunciado a mediados de 2013, incluye medidas para superar el rezago del campo, garantiza el acceso y uso de la tierra y propone un fondo de predios para distribuir a los campesinos.
En noviembre de ese mismo año se selló el punto referido a participación política de las FARC, que brinda reconocimiento a los movimientos sociales, consagra el respeto del derecho a la protesta y prevé el surgimiento de nuevos partidos con garantías de seguridad para los excombatientes que se vuelquen a la actividad proselitista.
En mayo de 2014 se dio a conocer el acuerdo sobre el narcotráfico, un negocio que ha servido de combustible a todos los actores de la guerra civil en este país que es el principal proveedor de cocaína para el mercado estadounidense.
El acuerdo contempla la sustitución y erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos y el desarrollo de alternativas sostenibles.
Acelerón final
El Gobierno de Santos pasó de cerrar uno o dos acuerdos por año, a consolidar en 2015 el anuncio de la firma definitiva de la paz, el acuerdo de justicia transicional y reparación de las víctimas, sentar las bases para una tregua y diseñar el mecanismo de refrendación de los acuerdos.
Igual de notable fue el apoyo internacional que despertó el proceso, en particular de EEUU, que desde 2000 ha venido financiando en forma directa la guerra mediante el Plan Colombia, por el cual Washington canalizó unos 10.000 millones de dólares.
Pero en octubre, el secretario de Estado, John Kerry, anunció que en lo sucesivo esos recursos se destinarían a un fondo especial para el posconflicto.
Washington alista una partida de 288 millones de dólares para Colombia, de los cuales 117 millones se dedicarán a la lucha contra las drogas y unos 50 millones a la fumigación de plantaciones de coca.
Cuando las partes anunciaron las negociaciones, en agosto de 2012, llevaban ya muchos meses de conversaciones secretas, patrocinadas por los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañadas por Venezuela y Chile.
Las Naciones Unidas y la Unión de Naciones Suramericanas se sumaron este año, a pedido de las partes.
