"No hay necesidad de que Argentina contrate más abogados. El Gobierno debe cerrar un acuerdo, no litigar más", dijo una fuente cercana a los tenedores de bonos, citada por el periódico argentino.
Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas se informó que habrá cuatro estudios jurídicos pugnando por ese lugar, para afrontar lo que desde Buenos Aires esperan que sea "una etapa compleja, porque la negociación (con los holdouts) será dura", según un vocero de la cartera citado por La Nación.
A este anuncio se le suman las negociaciones mantenidas por Argentina para conseguir un crédito de unos 6.000 millones de dólares de un grupo de bancos estadounidenses, acción que ya había motivado el rechazo de los tenedores de bonos.
"El anuncio de que la Argentina quiere negociar no significa nada todavía. El país ya dijo lo mismo en varias oportunidades en el pasado, pero nunca lo ha hecho de buena fe", señalaron las fuentes, de acuerdo a La Nación.
Litigio
Argentina lleva años de litigio con un puñado de acreedores especulativos que se negaron a aceptar la reestructuración de una porción de la deuda contraída hasta la grave crisis del año 2001.
Bajo el Gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, el país llevó a cabo el primer canje masivo, una reestructuración con importantes quitas y plazos más largos, aceptada por casi la mitad de los tenedores de bonos.
Ya con Cristina Fernández como presidenta, en 2010, se ofreció un segundo canje que logró abarcar a tenedores del 92,4 por ciento de la deuda.
Bajo ese fallo quieren ahora cobijarse los "me too", el resto de los bonistas que no ingresaron a ninguno de los dos canjes.
El monto que Argentina debería pagar a todo ese conjunto de acreedores rondaría los 15.000 millones de dólares, pero el nuevo Gobierno buscaría sentarse a negociar un acuerdo que implique quitas y plazos más largos.