“No es un acuerdo a favor de las víctimas ni de la justicia, sino a favor de los victimarios y de la impunidad”, dijo Ordoñez para agregar que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) “no se movieron un milímetro y el Gobierno terminó por someterse a sus exigencias”.
“Los victimarios de las FARC o los agentes estatales responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento (…), no cumplirán un solo día de pena de reclusión, serán sancionados con 'obras, actividades y trabajos', en otras palabras, con trabajo comunitario”, señaló Ordóñez.
El procurador criticó que el acuerdo sobre reparación de las víctimas no establezca de forma taxativa la obligación de que las FARC entreguen sus riquezas para indemnizar a los afectados por sus acciones.
Según la revista Forbes, las FARC, en armas desde 1964, tienen ingresos anuales de 600 millones de dólares y son la tercera organización ilegal más rica del mundo.
