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Búsqueda de reservas y devaluación centran nueva política económica argentina

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El Gobierno de Argentina se abocará a aumentar las reservas del Banco Central y a equilibrar la relación entre moneda nacional y dólar con el fin de reanimar la actividad económica, dijo el director de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, exfuncionario del segundo Gobierno de Carlos Menem (1995-1999) y de organismos financieros internacionales.

El presidente Mauricio "Macri está pensando en un paquete macroeconómico que inicialmente estará orientado a resolver el problema de las reservas y el tipo de cambio", señaló Kiguel a Sputnik Nóvosti.

El objetivo sería llevar el tipo de cambio oficial, hoy en 9,7 pesos argentinos por dólar, a 15 pesos, una devaluación de 50 por ciento.

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"El dólar más libre de Argentina es el llamado "contado con liquidación", el tipo que se utiliza en el mercado de bonos y que ronda los 15 pesos", explicó el economista, por lo que "la idea sería moverlo rápidamente a ese nivel".

Una vez resuelto, el Banco Central ha de estar en condiciones de defenderlo, para lo cual debe aumentar las reservas, consignó Kiguel.

"El Banco Central tiene en teoría 25.000 millones de dólares, pero quedan, líquidos, 14.000 millones", explicó.

El experto estimó que el objetivo del Gobierno es incrementar las reservas hasta los 35.000 millones, "que se lograrían con préstamos de bancos internacionales, algunos préstamos locales y convirtiendo los yuanes (otorgados por China en una operación de seguro de intercambio de divisas) en dólares".

El principal riesgo de estas iniciativas es su efecto inflacionario en un país donde los precios ya están subiendo un 27 por ciento anual, según Kiguel.

"La inflación podría incrementarse todavía más después de una devaluación, pero es inevitable, porque si no, se devaluará la economía sobre una fuerte recesión", juzgó.

Este lunes, el presidente Macri dispuso el cese de los impuestos a las exportaciones de maíz, trigo, sorgo, girasol y carne y una reducción de cinco por ciento a los de la venta de soja, con el fin declarado de alentar la producción y permitir que ingresen más dólares al país.

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Otro asunto que debe enfrentar el Gobierno es el pago de operaciones de venta de dólar a futuro, que impulsó el renunciante presidente del Banco Central durante el último tramo de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Alejandro Vanoli, con el fin de desanimar las expectativas devaluatorias.

Así, el Banco conducido por Vanoli, quien renunció la semana pasada, realizó operaciones en moneda argentina proyectando que el tipo de cambio oficial estaría en 10,65 pesos en los próximos seis meses, si bien la cotización ya se acercaba a 15 pesos; cuando el Banco Central deba pagar esos contratos deberá cubrir las diferencias con la cotización real.

Por este motivo Vanoli fue denunciado ante la justicia por presunta defraudación de la administración pública.

"Si hoy hubiese una devaluación, (pagar estas operaciones) para el Banco Central supondría una pérdida de 70.000 millones de pesos, unos 5.000 millones de dólares", incidió Kiguel.

El Gobierno está intentando disminuir esas pérdidas negociando con los bancos acreedores, que a su vez revendieron esos contratos a sus clientes, señaló el economista. Mientras, el mercado de dólar a futuro está cerrado.

"Si el Gobierno buscar algún artilugio para no pagar esos dólares, el riesgo de incumplimiento de contrato puede generar un problema legal que salga más caro que pagar el precio", alertó Kiguel.

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Otro asunto abierto es el juicio con los tenedores de bonos "holdouts", que rechazaron dos sucesivos canjes de deuda practicados por Argentina en 2005 y 2010.

Los llamados fondos buitre litigaron con éxito al Estado argentino en tribunales de Nueva York y ahora esperan que Buenos Aires les pague, tal como ordenó el juez neoyorquino Thomas Griesa.

"Las negociaciones irán avanzando, pero no creo que demasiado rápido", si bien "en los próximos meses podría encontrarse una solución de compromiso que le sirva a los fondos buitre y a Argentina", observó Kiguel.

Supuestamente, Buenos Aires ofrecería pagar a los buitres con quitas de capital que oscilan entre el 25 y el 40 por ciento, en bonos y con plazos largos.

Macri también tendría que negociar con el resto de los acreedores para que el país pueda acceder a un crédito con tasas de interés similares a las que gozan otros países en el mercado internacional.

Esa aspiración también requiere sanear las cifras del cuestionado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, intervenido desde 2007.

Para ello, el presidente nombró a Jorge Todesca como nuevo director y restituyó a la exdirectora del área de precios, Gabriela Bevacqua, desplazada de su cargo ocho años atrás.

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"Hay que sincerar las estadísticas", convino el Kiguel, una tarea que "no tiene un costo fiscal y tiene un ahorro importantísimo en cuanto a las tasas de interés que pagaría Argentina al mejorar su credibilidad; con ello bajaría el riesgo país y se financiaría a tasas más bajas", observó.

El jueves 10, en su último día como ministro de Economía, Axel Kicillof informó que la deuda pública argentina subió 18.211 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, para llegar a un monto total de 239.959 millones de dólares, sin contar los bonos de los fondos buitre.

El entonces ministro también explicó que los acreedores de 61 por ciento de ese monto son entidades públicas, como el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional y el Banco de la Nación Argentina.

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