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    La lucha anticorrupción ha avanzado en México gracias al impulso de casos emblemáticos, pero aún hace falta una decisión política y apoyo internacional para capacitar a los responsables de nuevas instituciones, dijo este miércoles a Sputnik Nóvosti la experta Edna Jaime.

    Casos polémicos como la mansión de la Primera Dama, Angélica Rivera, construida por un contratista del Gobierno, los presuntos sobornos de la constructora española OHL, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en un ataque de policías y un alcalde ligados al crimen organizado, han impulsado las nuevas leyes, dijo Jaime, directora general del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa.

    "La corrupción tiene frenado a México en el corto plazo", pero el mediano y largo plazo son más prometedores: México ha llegado a este Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la ONU en 2003, con una reforma constitucional al respecto.

    "El meollo de la corrupción es la falta de la voluntad política y la incapacidad de los funcionarios, con fiscalías que no sirven para hacer una investigación, por más reformas que se aprueben no vamos a lograr nada", dijo la experta, con 25 años de análisis de políticas de Estado.

    Otros casos como los exgobernadores de los norteños estados de Coahuila y Sonora; y el reciente proceso por malversación de fondos electorales contra el líder del Partido Verde Ecologista de México, aliado del presidente Enrique Peña, muestran las dificultades para que en los procesos se comprueben los delitos y desemboquen en sanciones.

    "La evolución política de cambios institucionales ocurre cuando se viven crisis, y ahora atravesamos una por los escándalos de la Casa Blanca (de la esposa del Presidente), el caso Ayotzinapa, el caso OHL, la familia Moreira (que gobierna el estado de Coahuila), los sobreprecios en la nueva Línea 12 del metro de la Ciudad de México, el fraude fiscal del exgobernador de Sonora", enumera la experta.

    Los sucesos se encadenaron desde finales de 2014 y generaron un momento que hizo posible la reforma, "el problema es que las investigaciones no se llevan hasta las últimas consecuencias.

    Importar expertos a México

    Un ejemplo para desarrollar esas capacidades podría ser la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dice Jaime, autora de decenas de investigaciones sobre el tema.

    "Me gusta el caso de CICG, ante un Estado colapsado, fueron exportados a ese país expertos muy calificados para trabajar temas concretos, y generar capacidades en el corto plazo", explica la titular de México.

    La idea de un grupo de elite que capacite a funcionarios federales "seria extraordinario, poner al servicio de la justicia mexicana lo mejor que existe en el mundo, como ha sido ocurrido en el caso de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH)", para el caso Ayotzinapa.

    A pesar que los gobiernos de México siempre esgrimen su soberanía para frenar esas iniciativas, el objetivo de esa ayuda internacional sería "comenzar por núcleos, y ampliar círculos de servicio civil de carrera para contar con gente competente" para frenar la impunidad.

    La reforma legislativa ha dado vida a un sistema nacional anticorrupción, aprobado en mayo de este año de 2015 y a una ley general de Transparencia: "pero el avance legislativo es apenas el primer escalón parta contar con instituciones con solvencia en la lucha anticorrupción, hace falta el fortalecimiento en la redición de cuentas y mayores facultades a las autoridades anticorrupción.

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    La nuevas leyes fueron aprobadas en "un punto de quiebre por los casos que han movilizado a las organizaciones de la sociedad civil", señala con base en una larga experiencia ciudadana.

    "Los mexicanos tenemos una relación con la legalidad muy complicada, es histórica y cultural, para cosechar los frutos de las reformas se requiere el respeto al Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad", enfatiza.

    México vive "un equilibrio triste, con un crecimiento económico mediocre, con inversionistas sin confianza ni reglas parejas", lamenta.

    La naturaleza endémica de la corrupción le cuesta al país latinoamericano unos 20.000 millones de dólares al año, según documentos del Congreso federal.

    Pero Jaime considera que la corrupción es una actividad ilícita cuya cifra negra está escondida, pero "el sector de la construcción indica que un alto porcentaje de la inversión en ese sector es corrupción".

    "Tenemos una nueva narrativa de combate a la corrupción, pero no tenemos ninguna señal por parte de esta administración (Peña) de que el tema va en serio", advierte, y las instituciones necesitan renovar sus facultades.

    El problema es que la aplicación de la ley tienes un freno: "el punto medular es que la clase política esté dispuesta a limitar el poder, con controles, contrapesos, son esa decisión vamos a dar muchas vueltas para implementar la ley", puntualiza.

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    Etiquetas:
    corrupción, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Angélica Rivera de Peña, Edna Jaime, Ayotzinapa, México
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