"El objetivo de la carpa (tienda) es concientizar sobre la problemática de las trabajadoras sexuales en Argentina y visibilizar la violencia institucional a la que nos vemos sometidas por trabajar en la clandestinidad", indicó Orellano.
Según Ammar, las normas vigentes criminalizan el trabajo sexual porque son leyes pensadas para combatir la trata de personas.
"En la práctica no diferencian entre trata, explotación laboral y trabajo sexual autónomo", y así "nos han cerrado fuentes de trabajo, y las compañeras trabajan con una mayor precarización y vulneración laboral", criticó Orellano.
La prostitución no es ilegal en Argentina, pero su ejercicio se encuentra en un vacío normativo, que suelen llenar edictos policiales y normativas urbanas.
Las meretrices reclaman un marco legal que les reconozca derechos laborales y les permita realizar aportes jubilatorios.
"Hay una invisibilización de nuestra actividad y un cuestionamiento al trabajo en sí", con lo cual "se reproducen los estigmas que nos colocan en lugar de víctimas y no de mujeres sujetas a derechos que han decidido ejercer esta actividad por elección propia", añadió.
Mientras tanto, las trabajadoras sexuales sufren el abuso de la policía, que las extorsiona, y la persecución de la justicia.
"Hay que dejar de lado cuestiones moralistas y separar el delito de trata de las personas del trabajo sexual" para que quienes lo ejercen "sean resguardadas con la protección del Estado", insistió Orellano.
Política en retroceso
Las políticas sostenidas por la gestión de la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner avanzaron en combatir la trata de personas, admitió Orellano.
Pero la fuerza gobernante, Frente para la Victoria (FpV), se confundió al no convocar a las meretrices para conocer sus puntos de vista, añadió la dirigente.
"Desde 2013 se han presentado proyectos con una perspectiva abolicionista (del trabajo sexual), y desde ese sentido se han llevado a cabo la mayoría de leyes que han perjudicado nuestro trabajo, como la prohibición de los avisos clasificados y de las casas de citas", criticó la trabajadora.
Muchas de esas normas fueron impulsadas por legisladoras que sostienen que nunca se va a reconocer como trabajo esta actividad porque tiene una connotación de violencia ante la cual la mujer no puede decidir verdaderamente, argumentó Orellano.
"Nosotras elegimos acotadamente, como todos los trabajadores que pertenecemos a la clase obrera, que no eligen libremente" pues "todos estamos condicionados por el sistema capitalista", subrayó Orellano.
Frente al trabajo que realiza una empleada de limpieza, la trabajadora sexual prefiere su actividad por cuestiones relacionadas con la autonomía y con la remuneración económica.
El trasfondo, según la secretaria de Ammar, tiene que ver con la connotación sexual, a partir de mandatos culturales muy arraigados.
"No trabajamos con las manos, sino con la genitalidad, y ahí hay un problema tabú que se reprime", pues ciertas partes del cuerpo sí se pueden explotar, pero la sexualidad no se puede vender, argumentó.
Según Orellano, no hay estudios que demuestren que la legalización de la prostitución en Alemania, Holanda y Nueva Zelanda fomentó la trata de personas y la explotación sexual.
A su juicio, "el problema que tiene la Unión Europea con la trata de personas es la migración", ante la cual las autoridades europeas "tienen que contemplar medidas para las personas que migran en busca de una mejora de vida" a las que no están dando una respuesta, argumentó.
"Si el Estado protegiera a las inmigrantes con documentación y vivienda, ese problema se erradicaría", opinó Orellano.
En marzo de este año, la justicia contravencional de la capital argentina consideró el trabajo sexual como una actividad lícita y llamó al Estado nacional a reglamentarla.
