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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)
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    Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos tras la masacre de Aytozinapa de 2014, concluyeron este martes un plantón ante la Presidencia de México tras lograr nuevos compromisos sobre la investigación del caso, dijo a Sputnik Nóvosti un portavoz de sus abogados.

    El gobierno federal se ha comprometido a crear una nueva Unidad de Investigación Especial para el caso, en la cual participarán expertos del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), dijo en entrevista Román Hernández, directivo del Centro de DDHH de la Montaña de Guerrero Tlachinollan.

    Los padres, madres familiares, asistidos por abogados de organizaciones civiles y expertos de la CIDH (organismos autónomo de la OEA) lograron el compromiso de que esa unidad de investigación creada “emprenderá nuevas líneas de investigación y búsqueda; reconocerá que aún no existe una verdad histórica y que el caso sigue abierto”, dijo vía telefónica el portavoz del organismo humanitario de las montañas de Guerrero, sur de México.

    El plantón de centenares de familiares y activistas de organismos humanitarios que duró casi una semana, fue levantado este martes tras una reunión sostenida la noche del lunes con la Procuradora General de la República, Arely Gómez, en la cual estuvieron presentes altos funcionarios del Gobierno federal, de la cartera de Gobernación (Interior), dijo Hernández.

    El ex procurador general Jesús Murillo, removido del cargo el año pasado, había dicho que la “verdad histórica” apuntaba a que los jóvenes fueron asesinados por narcos confabulados con policías y el alcalde de la ciudad de Iguala (220 km al sur), y sus cuerpos calcinados en un basurero de un barranco a cielo abierto en el pueblo de Cocula, habían sido lanzados un río.

    Los compromisos 

    Los familiares y sus abogados insisten en que los expertos de la CIDH puedan entrevistar a los soldados y jefes del Batallón 27 del Ejército, cuyo cuartel está en las afueras de Iguala, para recoger los testimonios de su actuación y de la información que sus unidades recogieron la noche del 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la tragedia.

    Los familiares obtuvieron además el compromiso de que “el Gobierno detendrá la criminalización contra los estudiantes de la Escuela Rural de Maestros de Ayotizinapa”, que en varios medios han sido señalados con versiones de que albergan a integrantes de un grupo delictivo adversario de los narcotraficantes Guerreros Unidos, señalados por autoridades como responsables materiales de la matanza.

    “El Gobierno y la Procuraduría harán pública una posición sobre la Escuela Normal de Ayotzinapa, y su respeto como una institución que forma profesores rurales”, dijo el responsable del Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan, nombre autóctono de esa región que hoy es epicentro del trafico de amapola hacia EEUU.

    Los jóvenes de esa escuela rural ocuparon por la fuerza cinco autobuses aquel día para emprender un viaje a la Ciudad de México, para conmemorar la Masacre de Estudiantes de Tlatelololco de 1968, y los investigadores de la CIDH han señalado que uno de esos vehículos podría haber estado cargado con droga, pero la investigación federal no exploró esa pista.

    “En declaraciones de funcionarios se ha tratado de vincular a los  estudiantes y maestros de la institución con el crimen organizado”, denunció Hernández.

    Tampoco se ha indagado hacia arriba de la cadena de mando de los militares, los policías y el alcaldes de esa ciudad, quien llegó al cargo postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), que también gobernaba el conflictivo estado de Guerrero, uno de los más asolados por el crimen organizado.

    El plantón había sido instalado desde el 26 de noviembre pasado, frente a la residencia presidencial de Los Pinos, tras una manifestación de unas 2.000 personas que acompañaron a los familiares de los 43 jóvenes desparecidos, entre quienes sólo dos han sido identificados por forenses con análisis de ADN en huesos calcinados, rescatados de un río.

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    Etiquetas:
    Arely Gómez, investigación, CIDH, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Román Hernández, Jesús Murillo, Ayotzinapa, EEUU, México
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