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    Activista de DDHH paraguayo, Martín Almada, estudia documentos conectados con Operación Cóndor

    A 40 años del Plan Cóndor, la justicia no llegó

    © AP Photo / Jorge Saenz
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    El 25 de noviembre se cumplen 40 años del comienzo del Plan Cóndor, el siniestro sistema de coordinación de la represión orquestado por las dictaduras latinoamericanas para desaparecer, asesinar y torturar a miles de personas durante los años setenta del siglo pasado.

    Cuatro décadas después, se espera que los juicios en Italia y Argentina terminen condenando a algunos de los militares que participaron en el macabro plan.

    El 25 de noviembre de 1975 se reunieron en Santiago de Chile los jefes de Inteligencia de los gobiernos de Augusto Pinochet (1973-1989), Hugo Bánzer de Bolivia (1971-1978), Isabel Perón de Argentina, Alfredo Stroessner de Paraguay (1954-1989) y Juan María Bordaberry de Uruguay (1973-1976). Los allí reunidos, al mando de Manuel Contreras, jefe de la policía de investigaciones chilena (DINA), acordaron crear una oficina coordinadora para proporcionar antecedentes de “personas conectadas con la subversión”.

    El plan recibió el nombre de Cóndor en homenaje al ave símbolo de Chile. Cuando una dictadura quería perseguir a alguien fuera de sus fronteras, coordinaba la captura con el país donde el “objetivo” se encontraba, tras de lo cual, las víctimas eran torturadas y desaparecidas. Todo esto, con el conocimiento y la colaboración de la CIA.

    En 1992, Martín Almada, un paraguayo descubrió los archivos del Plan Cóndor, conocidos como “Archivos del Terror”, en un edificio de la Policía paraguaya, demostrando la existencia de este plan coordinado de represión.

    40 años después, la justicia tarda en llegar. En Argentina, el país más avanzado de la región en el juzgamiento a los crímenes de las dictaduras, las investigaciones sobre el Plan Cóndor, que se iniciaron en 1999, dieron lugar al juicio, que lleva tres años. Este mes, el fiscal Pablo Ouviña terminó tres meses de alegato y pidió condenas de hasta 25 años de prisión a 21 responsables del plan Cóndor, por la desaparición de 173 personas — uruguayos, peruanos, chilenos, paraguayos y bolivianos — y se espera la primera sentencia en los próximos meses.

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    © AP Photo / Brennan Linsley
    En Roma, un segundo juicio estudia la responsabilidad de 32 militares de Uruguay (16), Chile (11), Perú (4) y Bolivia (1) por la desaparición de 23 ciudadanos italianos o sus descendientes.

    Raúl Olivera, director del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, uno de los iniciadores del juicio en Italia en 1999, dijo a Sputnik Nóvosti que ahora se inicia la etapa decisoria. “Durante estos quince años se agregaron nuevas causas, en particular la del marino uruguayo Jorge Troccoli, que fue imputado en Uruguay y huyó a Italia”. “La contundencia de los testigos, cuyos testimonios no han podido ser desmentidos, nos ha permitido ir construyendo un relato genuino de la verdad desde el momento de los hechos hasta hoy”, señaló.

    La senadora uruguaya Mónica Xavier, ex presidente del Frente Amplio, quien participó en septiembre de las audiencias de Roma, explicó a Sputnik Nóvosti que el Frente Amplio es parte civil en el juicio, para acompañar a los familiares que buscan la verdad. “El gobierno de Tabaré Vázquez se planteó dar el mayor apoyo a este proceso y como fuerza política creímos que era bueno ser parte civil. Lo es también el Estado italiano y el Partido Democrático de Italia, porque muchos de los desaparecidos tenían la doble nacionalidad uruguayo – italiana. Yo también soy ciudadana italiana y viajé a algunos municipios de donde son originarias las familias de los uruguayos desparecidos, en los cuales hay plazas que hacen memoria a estos desaparecidos, lo cual fue una experiencia muy fuerte y emotiva”, señaló.

    Felipe Michelini, hijo del senador Zelmar Michelini, asesinado en Argentina en 1976, miembro honorario del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado por el Presidente Tabaré Vázquez, señaló a Sputnik Nóvosti, que “a 40 años del Plan Cóndor, y treinta desde el inicio de la democracia, la lucha por la verdad, la memoria y la justicia muestra avances y logros, retrocesos y fracasos. Lo que ha faltado son iniciativas regionales. Costó mucho comprender la profundidad del plan Cóndor, porque los estados mantienen, pese a los intentos de integración, una lógica de aislacionismo, y han intentado por su cuenta dar cierta respuesta a la sociedad y a los familiares de las víctimas”.

    Olivera coincide en que “no hay una coordinación regional para avanzar en el juzgamiento de los criminales del plan Cóndor. El Instituto de Políticas Púbicas del Mercosur ha hecho acuerdos los con los países para colaborar, pero la burocracia de los estados no le da la prioridad a estos delitos que se cometieron hace 40 años, pero que hay que juzgarlos añora porque cuando se mueran los acusados, las causas se extinguen”, concluye.

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