Los promotores de la autorización del uso responsable de marihuana, plantean un “auto-aprovisionamiento, con cultivo personal, en el cual no hay comercio, por lo tanto no toca el tema del narcotráfico, que está penalizado”, explica la directora de Política de Drogas del organismos civil 'México Unido Contra la Delincuencia'.
De esta manera, si la Primera Sala de la Suprema Corte —que integran cinco de los 11 ministros del máximo tribunal del país latinoamericano- aprueba el amparo en una decisión postergada para la próxima semana, no legalizaría ni la droga ni su tráfico en México.
En cambio, el amparo sí aboliría la prohibición a una solicitud de los cuatro consumidores, basada en la ley general de Salud que trata sobre el consumo: "impediría que ley no sea intrusiva en las libertades de los individuos consumidores, quienes hoy son obligados a recurrir al mercado negro, donde son criminalizados de forma innecesaria", argumenta Sánchez.
La despenalización del uso de pocos gramos de enervante ya existe en la ley general de Salud de México, pero es cuestionada en el proyecto “porque al mismo tiempo que indica que el consumo no es delito y no está entre los actos punibles; sí lo sanciona de manera administrativa” por su relación con otros delitos como el narcotráfico.
Es decir, una persona puede ser detenida y llevada ante un juez mexicano por consumir droga distinta al tabaco y el alcohol –que están regulados-, debido a que los actos conexos al consumo limitado están penados, como la posesión, el transporte y el comercio de droga.
En otras palabras en México el consumo no está penado; pero la posesión sí: “esa fórmula es un chiste, es lo que cuestionamos, para que sea efectiva la despenalización no queremos comercializar marihuana ni nuevos usuarios, sino permitir a quienes ya la consumen que lo ejerzan en su intimidad, para sí mismos sin recurrir al circuito criminal”, dice Sánchez.
Se trata de un permiso para un circuito cerrado de consumo, a un grupo de personas: autorizaría a esas personas el “autocultivo” de algunas cuantas plantas, en el ámbito de su propiedad privada, como existe en varias legislaciones de Uruguay, Chile, Colombia y España, dice la experta.
Cambio de paradigma
Los conservadores que se oponen consideran que el proyecto pretende legalizar las drogas e incentivar el consumo, sin embargo, el proyecto “no implica la cadena de producción, ni el comercio, ni algún tipo de lucro”.
Nunca antes en México se había dado un debate sobre drogas con base en una crítica a la ley que norma el consumo, por violar derechos humanos y la libertad individual.
“Sería un cambio de paradigma de la prohibición del consumo, al volver inconstitucional que el Estado interfiera en la vida privada de los ciudadanos”, dice la promotora del proyecto; y el Congreso debería traducirlo en ley “para no criminalizar a los consumidores sino a los narcotraficantes”.
“Mientras menos usuarios deban acudir al narcotráfico, menos poder tendrán las mafias en materia de cannabis, pero no es toda la solución al problema del crimen”, explica.
Sin embargo los datos revelan que se reducirían otros problemas, como el carcelario: entre 2006 y 2014 un 73 por ciento de las personas detenidas a nivel federal por delitos de drogas son poseedores o consumidores, no grandes capos del narcotráfico; y un 60 por ciento de los presos por 10 o 12 años de cárcel están relacionados con la marihuana. “Encarcelamos a poseedores y consumidores mayoritariamente de marihuana”.
Mexico debate sobre drogas desde hace más de una década tras el lanzamiento de una guerra contra las drogas que ha costado más de 100.000 muertos y más de 20.000 desparecidos, “pero es un país sin un plan o estrategia nacional de drogas, es la hora de mirarnos al espejo”, señala Sánchez.
