"Tengo la sensación de que es inevitable cambiar la Constitución", pues "si bien sus enclaves autoritarios en gran medida se han eliminado, sí queda una matriz constitucional muy neoliberal y hay por ejemplo una preeminencia de los derechos de propiedad, en una lógica más privada que colectiva", explicó Mosciatti, jefe de prensa de la radio Bio Bio.
La presidenta Michelle Bachelet anunció el martes un cronograma para redactar una nueva Carta Magna, que sustituiría la impuesta en 1981 por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), emparchada con más de 20 reformas desde el regreso de la democracia.
Los mecanismos que propuso la presidenta son una comisión bicameral, una convención constituyente mixta (con legisladores y ciudadanos), una asamblea constituyente y un plebiscito para que la ciudadanía decida entre esas tres opciones.
Esas posibilidades abiertas dieron lugar a "una fuerte pugna" dentro de Nueva Mayoría, la coalición gobernante, sobre cómo realizar la reforma, apuntó Mosciatti.
"Algunos están a favor de una asamblea constituyente, mirando al modelo de Venezuela, Bolivia o Ecuador; algunos más moderados dicen que puede haber una consulta ciudadana, siempre y cuando los expertos emitan un informe, mientras que otros creen que debería pasar por el Congreso", señaló Mosciatti.
Pero Bachelet "solo concretó que el Gobierno iniciará en marzo de 2016 un diálogo ciudadano para recoger opiniones" a lo largo del país y que la reforma quedará en manos del próximo Congreso, que se elegirá en las elecciones parlamentarias de 2017, apuntó.
La mandataria, afectada por los escándalos de corrupción que rodean a su administración y a su familia, está sin embargo en condiciones de echar a andar el proceso "en la medida en que quede claro que no será durante su Gobierno", que concluirá en marzo de 2018, opinó Mosciatti.
"Con los resultados del diálogo ciudadano que comenzará en marzo de 2016 se creará un documento y, a partir de ahí, se iniciará un proyecto de cambio que tiene que ser presentado al Congreso en el segundo semestre de 2017", explicó Mosciatti.
La popularidad de la presidenta se ha visto menguada por el caso de corrupción que involucra a su hijo y a su nuera y por el presunto financiamiento ilegal de su campaña, que habría recibido dinero de una empresa del yerno de Pinochet.
"El descrédito la ha golpeado más porque tenía una imagen de ser una mujer intocable, de estar ajena a todo esto y, además, enfatizó mucho el discurso sobre el fin de los abusos", explicó Mosciatti a esta agencia.
La actual Carta Magna entró en vigencia en 1981 y ha sido reformada en varias ocasiones, la última en 2005 bajo el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006).
El sector empresarial chileno aseguró esta semana que el anuncio de reforma constitucional "prolonga la situación de incertidumbre en el país".
Mosciatti atribuye ese temor del mundo empresarial, "más de derechas", a que las reformas del actual Gobierno "van en la línea distinta al modelo neoliberal que ha persistido en Chile desde la transición".
En las próximas semanas, Bachelet nombrará a un Consejo Ciudadano de Observadores para que acompañe la iniciativa constituyente y garantice su transparencia y equidad.
La mandataria se comprometió en su campaña electoral a promover un proceso constituyente, reclamado durante décadas por sectores de izquierda, y en abril de este año anunció que comenzaría en septiembre.
