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La impunidad en México es casi total, dice alto Comisionado de la ONU en DDHH

© REUTERS / Henry RomeroZeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos - Sputnik Mundo
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La impunidad de los crímenes cometidos en México es casi total, al grado que 98 de cada 100 delitos quedan sin resolver, dijo este miércoles el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.Desapariciones forzadas en México

"Estadísticas oficiales muestran que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados", dijo el alto cargo de Naciones Unidas en una declaración escrita, que leyó al final de tres días de una gira en la cual se entrevistó con las más altas autoridades, incluido el presidente Enrique Peña.

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"Muchas de las personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy desalentadora, y consistente, de una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas", denunció el máximo encargado de la ONU en materia de DDHH.

Además, en la gira constató "la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos".

"Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes", dijo Al Hussein, al enumerar registros de 151.233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito.

Además, desde 2007, hay al menos 26.000 personas cuyo paradero se desconoce, "muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas", en las cuales participan agentes del Estado.

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En México, "miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio; y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes", lamentó el jefe de la oficina de la ONU con sede en Ginebra.

Por tanto, no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura "no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestros, misma que saludamos", reconoció.

Parte de la violencia puede ser atribuida a los "poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente" en varios de los 32 estados de la República mexicana.

El titular de la oficina especializada de la ONU dijo que "muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado".

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El "corrosivo y devastador" impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos está "cooptando o corrompiendo instituciones clave, y en algunas regiones "está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel", lamentó.

"La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar" en el país latinoamericano, dijo el alto cargo de la ONU.

El devastador informe preliminar señala que el fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, el fracaso de "sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico".

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El balance es "trágico para las personas involucradas, y trágico para el país entero", dijo el alto comisionado que entregará en 2016 un informe completo sobre México.

Finalmente, recomendó medidas inmediatas: fortalecer, en primer lugar "de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo".

En segundo término, "fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza".

Esa medida plantea adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.

Y finalmente, llamó al Gobierno de Peña a implementar las recientes recomendaciones del grupo internacional de expertos independientes de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) sobre la masacre de estudiantes de Ayotzinapa.

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