Según señala Santiago, en primer lugar, es importante destacar que ambas partes acordaron una serie de principios que ponían en el centro del acuerdo a las víctimas.
"Hay que destacar la comisión de la verdad. Este avance es muy bueno comparado con otras comisiones de otros procesos. Sin embargo, podía haber quedado mejor, pero hubo negativas del Gobierno colombiano relacionadas con las limitaciones de la comisión, para evitar que accediese a un conocimiento profundo de la verdad", explica el abogado.
Santiago lleva participando en la mesa de conversaciones desde que se inició el punto cinco, el de las víctimas, desde mayo de 2014, sin embargo, en los años anteriores ya formaba parte de la asesoría jurídica de la delegación de paz.
Este sistema fue "una propuesta de las FARC en la mesa de conversaciones", según apunta el abogado, que afirma que "hasta ese momento, el Gobierno colombiano solo tenía la idea de crear un sistema de justicia penal, es decir, haciendo uso exclusivamente del componente de justicia y olvidando el resto de derechos de las víctimas: la verdad, la reparación y la no repetición", explica.
Sin embargo, destaca las dificultades que tuvieron para avanzar, "especialmente por el punto de justicia, que es el trascendental para un acuerdo final".
"Es un modelo muy bueno, está a años luz de anteriores procesos de paz. En otros casos hubo mucha impunidad y poca verdad", apunta el experto.
En este caso, será al contrario, según explica Santiago. "Este sistema tiene multitud de estímulos para que se conozca la verdad de lo ocurrido y para combatir la impunidad", señala.
Castigar a las FARC
"Este ha sido el gran error del Ejecutivo colombiano. Esa premisa era imposible porque nadie se sienta en una mesa de conversaciones para ser sancionado en solitario, sin que los demás asuman sus responsabilidades", afirma.
Por este motivo, el acuerdo tenía que examinar las responsabilidades de todas las partes.
Según confirma el abogado de IU, con este acuerdo, "se ha creado un sistema competente para juzgar a todos los actores del conflicto, tanto a combatientes como a no combatientes".
"Este conflicto, que dura más de 60 años, ha estado siempre impulsado por fuerzas políticas y económicas, por lo que este sistema puede reconocer también las responsabilidades de políticos, de grupos económicos, financiadores del paramilitarismo, además de los propios combatientes", señala.
Finalmente, otro de los grandes hitos de este acuerdo es que, por primera vez en la historia, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos van a poder presentar acusaciones en igualdad de condiciones que los órganos acusadores del Estado, según explica el jurista.
Sin embargo, según Santiago, "lo que dice la Corte Penal Internacional es que la impunidad en Colombia se da entre las responsabilidades de los agentes del Estado y de los paramilitares, y eso responde a que el Estado no han perseguido eficazmente a estos actores, por eso se incorpora la posibilidad de que las asociaciones de víctimas y derechos humanos puedan interponer acusaciones", explica a esta agencia.
Este proceso irá acompañado además de una amplia amnistía que afectará únicamente a los delitos de rebelión, de delito político y delitos conexos, nunca a delitos de lesa humanidad o crímenes de genocidio.
La situación en la que nos encontramos es "extraordinaria", explica. "Este precedente tendrá que ser necesariamente observado a partir de ahora en otros lugares donde existan procesos de paz que terminen un conflicto armado", concluye.
