En un entrevista publicada este martes en el diario Folha de Sao Paulo, Britto explicó que la presidenta "está formalmente fuera del escándalo de Petrobras" y que "no hay ningún proceso penal en su contra".
Además, señaló que la única justificación que podría llevar a finalizar el actual mandato de Rousseff sería debido a "la práctica de actos de crimen de responsabilidad en su mandato, algo que no ha ocurrido".
En cuanto a las denuncias de los sectores de izquierda del país y la propia Rousseff de la vuelta de un movimiento golpista a Brasil, el exmagistrado opinó que "la búsqueda de fundamento jurídico para implementar la intención del impeachment no es un golpe", aunque, acto seguido, matizó su respuesta al añadir que "lo que no se puede es crear argumentos artificiales para sustentarlo".
En resumen, Britto argumentó que la única vía posible contra la presidenta podría llegar del Tribunal Superior Electoral (TSE) si éste llegase a declarar que Rousseff incurrió en un crimen electoral y por ello decretase la invalidez de su investidura, lo cual no comportaría ningún tipo de acción penal, aunque llevaría a la convocación de elecciones generales en un plazo máximo de 90 días.
La causa fue reabierta por una nueva acción del movimiento de oposición "Muda Brasil" del candidato presidencial derrotado, Aécio Neves, actual senador del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB).
Para muchos comentaristas resulta paradójico que el PSDB lidere el ataque contra la campaña presidencial de Rousseff cuando los registros del TSE demostraron que tras el Partido de los Trabajadores (PT), el partido que más donaciones oficiales recibió de las empresas investigadas en la Operación Lava Jato fue precisamente el PSDB, con un total de 81,5 millones de reales (20,2 millones de dólares) recibidos entre 2010 y 2014.
