El economista e investigador subrayó la necesidad de un claro sistema legal mundial que proteja los procesos de renegociación de deuda de capitales especulativos conocidos como "fondos buitres".
"En el esquema actual, las reestructuraciones se determinan vía negociaciones descentralizadas en los mercados, en donde la solución no es en función de consideraciones de equidad y eficiencia, sino en función del poder que tienen para negociar los distintos actores involucrados", señaló.
"A diferencia de lo que ocurre en el mundo, a nivel interno sí existen leyes (nacionales) de quiebra que ayudan a los deudores y acreedores a resolver sus crisis de forma eficiente y equitativa, pero eso no existe para los países. Es decir, no hay un marco a nivel internacional", añadió.
Ello conlleva que cueste mucho resolver los problemas de deuda y "tarda muchos años, como le está pasando a Grecia, con muchos costos para los sociedades", explicó.
Los principios son: soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.
El documento recibió el voto favorable de 136 países, mientras que 41 se abstuvieron y otros 6 votaron en contra (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón e Israel).
Veinte años más
El economista adelantó que podría darse a partir de ahora un movimiento internacional a favor del establecimiento de un sistema jurídico mundial.
"En algunos países que no apoyaron estos principios, ya sea por abstención u oposición debido a la presión de Estados Unidos, lo que posiblemente ocurra es que haya presiones por parte de las sociedades civiles para que sí los apoyen. De modo que, gradualmente, va a haber más naciones que los respalden", afirmó.
No obstante, a juicio del colaborador de Stiglitz, la adopción de un sistema legal internacional va a tardar mucho tiempo, no menos de 20 años.
Al mismo tiempo, se abre un nuevo horizonte que puede perjudicar a Estados Unidos, sostuvo.
"Los países pueden considerar con más fuerza que lo que hace la jurisdicción de Nueva York es irrazonable, y por tanto pueden intentar acudir a otras jurisdicciones que irán creciendo como centros financieros internacionales… Como particular, será el caso de Shanghái, de forma gradual, de acá a 20 años", opinó Guzmán.
Con todo, la decisión de la Asamblea General de la ONU el jueves no incide en concreto en el proceso que vive el Gobierno de Cristina Fernández, sostuvo.
En la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores argentino Héctor Timerman y su par de Economía, Axel Kicillof, agradecieron a las 136 naciones que votaron a favor de los nueve principios.
Estos habían sido elaborados en julio por el Comité sobre Procesos de Reestructuración de Deuda de la ONU tras más de medio año de trabajo coordinado entre economistas y analistas internacionales.
