"No ha habido ninguna respuesta precisa de la Presidencia sobre la fecha, ni sobre el formato, sólo la oferta de que el Gobierno está interesado en recibir a los padres", dijo el director del Centro de DDHH de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, que asiste a las familias de las víctimas.
Los familiares esperan, además, "que el Presidente ponga en marcha las recomendaciones del informe; y que las autoridades judiciales integren las pistas de los expertos de la CIDH a la investigación federal", dijo Barrera, premio internacional de DDHH por Amnistía Internacional por su trabajo en Tlachinollan, nombre antiguo del reino de indígenas en las montañas de Guerrero, ahora infestado por bandas del narcotráfico.
Los familiares habían pedido celebrar la reunión este viernes 11 de septiembre, sin embargo "no hubo respuesta oportuna de la Presidencia", para fijar la fecha.
El abogado que ha acompañado a las familias de los alumnos masacrados el 26 de septiembre del año pasado, en la ciudad de Iguala (220 km al sur), con saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desparecidos, dijo que el informe "muestra las graves deficiencias en la investigación federal", que los familiares ya habían señalado.
En primer lugar, que la incineración en el basurero del pueblo de Cocula era técnicamente imposible: "como campesinos saben cómo funciona el fuego en el campo, lo veían difícil, y los expertos lo corroboraron".
La "verdad histórica de la Procuraduría no es posible; y ahora deben ser investigadas todas las corporaciones policíacas involucradas, incluido el Ejército; y toda la línea de mando hacia arriba, que supo de los hechos mientras ocurrían por sus sistemas de comunicación, el llamado C4 (Centro de Comando, Comunicación y Control que enlaza a las autoridades a nivel federal)".
Peña ya ha ordenado este domingo a la Procuraduría General tomar en cuenta el informe de CIDH, que rechaza la llamada "verdad histórica" oficial sobre el caso saldado con 6 muertos y 43 desaparecidos hace casi un año.
El mandatario mexicano ha dado además "indicaciones a las dependencias" del Gobierno federal "para que analicen cada una de las recomendaciones de la CIDH".
Sin embargo no precisó la fecha en que recibiría por segunda vez a los familiares, con quienes se reunió en diciembre del año pasado en la residencia de Los Pinos.
