"En ningún momento la Comisión recibe directrices de alguna embajada, somos independientes y por eso hacemos el trabajo que la sociedad misma puede juzgar", dijo Álvarez.
La CICIG es un órgano independiente con financiamiento de muchos países, agregó.
Pérez Molina fue despojado de su inmunidad el 1 de septiembre para ser juzgado por su posible participación en la red de defraudación aduanera conocida como La Línea, cuya investigación encabezaron el Ministerio Público y la CICIG.
Al día siguiente, el mandatario renunció a su cargo y se presentó a declarar ante los tribunales. El juez decidió procesarlo por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y ordenó su prisión preventiva.
La CICIG fue instaurada en 2006 por un acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas y ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.
"La CICIG apoya al Ministerio Público (Fiscalía) en investigaciones, no nos interesan y no vemos momentos políticos, simplemente actuamos conforme a la ley, apegados a la ley guatemalteca", enfatizó Álvarez.
El financiamiento que recibe la Comisión parte de "muchos países amigos de Guatemala" como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Canadá, Francia, Suecia, Estados Unidos, entre otros, pero "el único respaldo que tiene es financiero", puntualizó.
El trabajo de la CICIG es apoyar a la Fiscalía con investigaciones profundas y con pruebas, mientras "las sentencias tienen que ver con los organismos judiciales", indicó Álvarez.
Pérez Molina dijo a CNN el miércoles que denunciará su procesamiento con prisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reclamará medidas cautelares.
La justicia embargó seis cuentas del expresidente en las que estaban depositados unos 600.000 dólares, debido a un reporte de transacción sospechosa de lavado de dinero.
La investigación de La Línea comenzó en 2014 ante la sospecha de que un grupo de importadores tenían contactos con una red de agentes aduaneros para evadir el pago de impuestos, y desató grandes manifestaciones pacíficas.
La estructura, que obtenía ganancias ilícitas en los controles de aduanas de Puerto Quetzal, Santo Tomás y la Aduana Central, determinó asimismo la renuncia y el arresto preventivo de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
