"Tuvimos mucho tiempo en contacto con las autoridades de Villa María, que era el lugar donde íbamos a implementar el proyecto y, en función de las experiencias de Malvinas Argentinas (el hasta ahora frenado proyecto del semillero de Monsanto) concluimos con las autoridades de que no era el mejor momento para abrir un foco de conflicto, en un lugar donde no se terminaba de entender bien de qué se trataba lo que se pretendía invertir", dijo al diario La Voz del Interior el presidente de la compañía para Latinoamérica Sur Antonio Aracre.
Otra gran compañía del sector, la multinacional estadounidense Monsanto ya tuvo que renunciar recientemente a la idea de instalar una planta para procesar semillas de maíz, esta vez en otra localidad de Córdoba, Malvinas Argentinas.
La multinacional estadounidense alegaba que la fábrica sería similar a otra que tenía instalada en Rojas, en la provincia de Buenos Aires. Se podrían contratar 400 personas de manera directa, y se invertirían 1500 millones de pesos (unos 150 millones de dólares).
Resistencia en Malvinas argentinas
Un pequeño grupo de vecinos comenzó a movilizarse. Por entonces no sabían con certeza qué era Monsanto, pero no les convencía una planta que se iba a construir a 600 metros del centro urbano. Según les contaron, la procesadora de maíz que pretendían instalar en su localidad iba a ser la más grande del mundo.
"Nos contactamos con un biólogo que nos explicó las consecuencias del proyecto, y decidimos oponernos a su instalación", explicó a Sputnik Gastón Mazzalay, uno de los habitantes de la localidad. Así crearon la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, una organización de apenas 30 personas que se convirtió en un dolor de cabeza de la multinacional estadounidense.
"Hicimos reclamos a la municipalidad porque Monsanto estaba violando las leyes nacionales y provinciales. La empresa había ya comenzado la construcción sin tener probado una historia de impacto ambiental ni las instancias de participación ciudadana que prevé la ley. Se hicieron reclamos a la municipalidad y en la provincia, y como no llegamos a un acuerdo, presentamos una acción de amparo ante la Justicia, que paralizó la obra en febrero de 2013", detalló Mazzalay.
Palos en la rueda
Pero dos meses después, el Tribunal Superior revocó la medida cautelar y le permitió a la multinacional continuar con la obra. La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida acampó entonces en la puerta del predio y comenzó un bloqueo para detener la obra.
"Hubo una serie de altercados y represiones policiales ordenadas por el actual gobernador de la provincia José Manuel de La Sota", recordó el activista. "Los fiscales no se animaban a firmar una orden de desalojo porque sabían que Monsanto no había presentado el estudio de impacto ambiental".
Los activistas apelaron el fallo del Tribunal Supremo, y en enero de 2014, la justicia falló a favor de la Asamblea y ordenó paralizar la obra. La multinacional estadounidense había construido hasta ese momento el 20 por ciento de la planta. No tardó mucho la Secretaría de Medioambiente en rechazar a continuación el estudio de impacto medioambiental que presentó Monsanto.
Y a raíz del conflicto, De la Sota promovió una nueva Ley de Política Ambiental, sancionada en junio de 2014, que exige evaluar el impacto ambiental de cualquier proyecto antes de ser autorizado y además incorpora la necesidad de consultar a la población para casos que generen conflictividad social.
