Santos "exteriorizó rabia y dijo que nos iba a llevar a la CPI por violación de derechos humanos y del Estatuto de Roma. Yo le pido entonces que me meta en la lista, porque estaré al lado de la Fuerza Armada y del presidente Nicolás Maduro", dijo Cabello durante una sesión de la Comisión Delegada, que actúa durante el receso anual de la Asamblea Nacional.
La Comisión sesionó en La Fría, ciudad del suroeste próxima a Colombia, y allí aprobó el decreto de Maduro que amplió a fines de agosto de seis a 10 los municipios de frontera bajo estado de excepción, con suspensión de algunas garantías constitucionales.
Santos dijo el martes que, descartados los organismos regionales para mediar en el contencioso con Caracas, estudia acusar ante la CPI a las autoridades civiles y militares de Venezuela por supuestamente violar derechos de colombianos devueltos a su país.
Más de 10.000 colombianos debieron regresar a su país en las últimas dos semanas tras el cierre parcial de la frontera y el estado de excepción ordenados por Maduro, según cifras de las Naciones Unidas.
El Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y medios de comunicación colombianos sostienen que se han violado derechos humanos de los repatriados y de quienes apresuradamente cruzaron el fronterizo río Táchira llevando consigo apenas algunas pertenencias.
"El Gobierno es capaz de generar una guerra con Colombia para evitar las elecciones del 6 de diciembre", dijo Capriles en un acto en Miranda, al este de Caracas, según un despacho de su oficina de prensa enviado a los medios de comunicación.
En esa fecha deberá renovarse la Asamblea Nacional, y la oposición exhibe encuestas de opinión según las cuales obtendría la mayoría de curules.
El Estatuto de Roma, nueva plaza para la confrontación que escala entre Colombia y Venezuela, estableció en 1998 la CPI con jurisdicción para procesar a personas acusadas de crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, solo cuando el país o países concernidos no juzgan o no pueden juzgar los hechos.