"Nos hemos anotado una victoria en favor de la vida, el agua y los pueblos indígenas, y en contra de la muerte y el extractivismo", dijo a Spútnik Nóvosti el antropólogo Lusbi Portillo, de la Sociedad Homo et Natura, principal promotora del reclamo ambientalista.
El carbón se explota en dos minas a cielo abierto, Paso Diablo y Mina Norte, en una concesión de 7.250 hectáreas y con una producción de 800.000 toneladas anuales, aunque a comienzos de siglo llegó a producir sobre los siete millones de toneladas al año.
Del lado colombiano de la frontera, la mina Cerrejón produce más de 33 millones de toneladas anuales.
La operadora venezolana es la empresa estatal Carbozulia, asociada a proyectos del consorcio estadounidense Peabody y del chino Sinohydro.
El pasado febrero, el Gobierno amplió la concesión de Carbozulia a 24.192 hectáreas, lo que posibilitaba abrir nuevas minas y multiplicar la producción, afectando estribaciones de la Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera con Colombia y es hábitat de varias etnias indígenas.
Ambientalistas efectuaron modestas movilizaciones de protesta en varias ciudades, exigiendo derogar el decreto, pues la concesión afectaba territorio indígena y zonas protectoras de ríos que abastecen de agua a la capital regional, Maracaibo, y a otras ciudades de la zona.
El Gobierno "atendió el reclamo y reescribió el decreto (en la Gaceta Oficial del Estado, conocida este miércoles), ordenando publicarlo de nuevo como una corrección del de Febrero y reduciendo de nuevo la concesión a 7.250 hectáreas", dijo Portillo.
"No importan las formalidades, sino que hemos ganado una batalla para la preservación de la vida de nuestros pueblos y el agua de Maracaibo", dijo a Spútnik Nóvosti por teléfono, desde la península de la Guajira, el activista wayúu Reynaldo Fernández.
Tras este logro "vamos a mantener la lucha contra el extractivismo minero, ahora principalmente en el sur, donde esa actividad afecta las reservas de flora, fauna y el agua indispensable para la generación hidroeléctrica", remarcó a Spútnik Nóvosti el sociólogo Alexander Luzardo, principal redactor de los derechos ambientales recogidos en la vigente Constitución de 1999.
