Así lo comunicó este martes Amnistía Internacional Brasil en un comunicado de prensa tras asistir a la misma como parte de su campaña "Usted mató a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en Río de Janeiro" en la que la organización intentó promover el diálogo entre las autoridades responsables de la seguridad en Río de Janeiro así como miembros de la Justicia del Ministerio Público Estatal.
"Esperamos que las indicaciones dadas en la audiencia pública y en el informe de Amnistía Internacional no caigan en saco roto y las acciones puedan realmente ser implementadas", explicó en la nota oficial el director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil, Atila Roque, quien agregó que "los registro de homicidios durante intervenciones policiales han sido utilizados como cortina de humo en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía".
Por su parte, el Ministerio Público Estatal exigió la creación de un grupo permanente de especialistas que concentre la investigación de los homicidios ocurridos durante operaciones policiales en Río de Janeiro y la investigación de los cientos de casos de denuncias abiertas contra policías y que continúan sin ser atendidos por la propia Policía Militar.
En este sentido, el jefe de Gabinete de la Policía Civil solicitó que los homicidios practicados por agentes de la Policía Militar de Río de Janeiro sean directamente investigados por su División de Homicidios, es decir, que sean tratados exactamente igual que los crímenes comunes y con ello se limite la impunidad proporcionada por los mecanismos por los que se rige la Policía Militar al no ser sus agentes considerados como civiles.
Finalmente, en reconocimiento de las prácticas irregulares empleadas por los agentes de la Policía Militar y en respuesta a las solicitudes de Amnistía Internacional, el jefe del Estado Mayor de la PM de Río de Janeiro, coronel Ibis Pereira, anunció la inminente creación de un protocolo para el uso de la fuerza, especialmente en el caso del uso de la fuerza letal en los batallones y unidades de la Policía Militar que presentan el mayor número de homicidios durante sus operaciones.
Precisamente, este mismo lunes Amnistía Internacional Brasil condenó la aprobación de la llamada "Resolución 901" por la cual se reinstaló el uso opcional del pasamontañas entre los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acción Canino (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque de la Policía Militar para el control de disturbios civiles, manifestaciones violentas y grandes eventos.
El pasamontaña fue prohibido en 1995 debido al "historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los policías en el ejercicio de sus funciones" y añadió que los mismos suponen "un obstáculo a la hora de identificar y responsabilizar por sus actos a los policías violentos", Amnistía Internacional insistió en lo inadecuado de una medida en una ciudad que se dispone a celebrar unos Juegos Olímpicos el próximo año.
