Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este lunes la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para analizar la situación en la frontera.
"No nos falta ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales" cuando "su seguridad se vea amenazada o sus derechos fundamentales violentados", afirmó Santos en un comunicado publicado en la página web de la Presidencia.
"Por encima de cualquier otra consideración, nuestra prioridad es ofrecer toda la ayuda humanitaria posible y rodear de garantías a todos nuestros compatriotas", añadió.
El presidente venezolano Nicolás Maduro decretó el pasado viernes el estado de excepción por 60 días en los municipios de Bolívar, Ureña, Junin, Libertad e Independencia, prorrogables por otros 60 días más, para "restablecer la paz" en la frontera.
El jefe de Estado tomó está medida luego de que la semana pasada presuntos contrabandistas procedentes de Colombia emboscaron y atacaron a un grupo de soldados venezolanos.
Maduro, quien también ordenó el cierre "indefinido" de la frontera, afirmó que el ataque fue perpetrado por "paramilitares colombianos que la derecha ha infiltrado para generar caos en la población venezolana", según reseña el sitio web de la cancillería de Venezuela.
El estado de excepción es una figura establecida en el artículo 337 de la Constitución venezolana, y solo puede ser decretado por el presidente cuando "circunstancias de orden social, económico político, natural o ecológico afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas".
Se trata de la primera vez que se decreta desde que fue aprobada la Constitución de 1999, destacó el diario venezolano El Nacional.
La medida permite la suspensión de las garantías constitucionales, como el derecho al libre tránsito o libre reunión, pero no "el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".