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    La primera condena contra un militar mexicano por la desaparición forzada de una persona plantea la urgencia de sacar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública en México, dijo hoy a Sputnik Nóvosti, Stephanie Erin Brewer, directiva del jesuita Centro de DDHH "Agustín Pro SJ".

    La inédita condena de 31 años de cárcel contra un subteniente del Ejército, Danny Hernández Sánchez, por el delito de desaparición forzada, fue emitida el martes por una instancia judicial civil del norteño estado de Nuevo León.

    Desde 2007 se contabilizan más de 23.000 personas oficialmente desaparecidas en México; pero sólo existe el antecedente de seis condenas por delito de "desaparición forzada", de unos 300 casos abiertos.

    Y las seis condenadas hasta ahora son funcionarios civiles, nunca había sido condenado un militar por ese tipo de delitos, comenta la experta.

    A diferencia del delito de secuestro, que es del fuero común, la "desaparición forzada", recién tipificado este año en la legislación mexicana, es un delito de lesa humanidad perpetrado con la intervención de funcionarios del Estado, civiles o militares, y nunca prescribe, explica la responsable del organismo independiente.

    La víctima fue "privada ilegalmente de su libertad" por el jefe militar en Nuevo León, el 20 de mayo de 2012, y "continúa desaparecida", estableció el Consejo de la Judicatura Federal.

    México ha estado en la mira de organismos internacionales, por la ausencia de esta figura en las pesquisas de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa hace casi un año, a manos de policías, funcionarios municipales y narcotraficantes confabulados.

    La experta del centro humanitario que dirige la defensa de los familiares de las victimas de Ayotzinapa y los acompañó en una gira reciente en Ginebra ante el comité de la ONU contra la desaparición forzada, celebra que el juez civil que dictó la sentencia contra el militar es el mismo que hace un mes sentenció a otro militar en un caso de una ejecución extrajudicial.

    Tema: Desaparición de estudiantes en México

    Organismos defensores de DDHH de la ONU han denunciado que la tortura, la ejecución y la desaparición de miles de personas en el marco de la guerra contra el narcotráfico es una "práctica generalizada", lo cual ha provocado un airada protesta del gobierno de México, que argumenta casos aislados y no una política de Estado.

    "La condena de un militar por un juez civil es una novedad y un paso adelante; pero en la misma sentencia se caracteriza el caso como algo aislado, en contra de los valores de las Fuerzas Armadas, una suerte de excepción", lamenta Brewer.

    "No son casos aislados, sino que forman parte de prácticas más amplias; necesitamos entender la problemática a nivel estructural" del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, apunta la responsable de los asuntos internacionales del centro fundado por la Compañía de Jesús.

    El movimiento de DDHH ha batallado durante dos décadas para que las Fuerzas Armadas sean investigadas por jueces del fuero civil y no por tribunales militares; como resultado, entre 2009 y 2010 fueron emitidas cuatro sentencias contra México por la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) por no permitirlo.

    Fue hasta el año pasado que México reformó el código de procedimientos penales; pero los hizo "de una forma inadecuada, porque ha dejado abierta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan abrir investigaciones paralelas al fuero civil, en algunos casos de violaciones a los DDHH".

    Un ejemplo es la masacre de Tlatlaya, donde una patrulla de siete militares acusados de haber ejecutado en forma sumaria a 15 de 22 sicarios que se rindieron, a mediados del año pasado: en ese caso existen dos procesos, uno militar y otro civil, y aún no hay sentencia en ambos casos, reprocha la investigadora.

    "Los militares investigan, detienen, y abren un proceso penal en el fuero militar, mientras en paralelo la Procuraduría General de la República ha abierto a la vez otro proceso civil", critica la experta.

    Ese doble procedimiento tiene consecuencias negativas: en primer lugar, "cuando las Fuerzas Armadas son las primeras en investigar pueden contaminar la investigación civil"; y en segundo lugar, "las dos investigaciones paralelas pueden terminar en resultados contradictorios", cuestiona la responsable humanitaria.

    La anomalía se originó cuando México reformó el código penal, en abril del año pasado, y se dejó este vacío legal, por lo tanto la CIDH ya declaró que México no ha cumplido con ese punto, advierte la responsable del centro Agustín Pro, nombre de un sacerdote acusado de terrorismo y fusilado sin juicio en 1927.

    "Las Fuerzas Armadas se sienten cuestionadas por el público, están a la defensiva: han dicho que no tolerarán los abusos y que van a castigar a quienes los cometen, pero faltan acciones para revertir los patrones de abusos en los que participan los militares", puntualiza Brewer.

    Ante la estrategia de militarización y la lógica de guerra como política de seguridad pública, "es urgente la reforma de los cuerpos policíacos, una nueva manera de entender la seguridad, y sobre todo un plan de retiro de las Fuerzas Armadas de las calles", puntualiza la experta.

    Etiquetas:
    derechos humanos, Fuerzas Armadas de México, México
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