La investigación sobre la autoría del ataque terrorista continúa pendiente. A continuación, Sputnik Nóvosti ofrece una cronología de los hechos más importantes del encubrimiento orquestado desde el Estado.
Aquel mismo día de 1994 se supo lo poco que sacaría en limpio la justicia 10 años después: que una camioneta Traffic con cientos de kilos del explosivo amonal impactó contra el edificio de la AMIA, causando una explosión que lo demolió desde sus cimientos, señala un documento de Memoria Activa, organización de familiares de las víctimas que busca esclarecer el crimen.
El juez Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se hicieron cargo de la investigación.
Durante 1996, el juez Galeano, los fiscales y la SIDE propusieron a Telleldín que declarara como culpables de ejecutar el atentado a dos brigadas de la desprestigiada y violenta Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cambio del pago de 400.000 dólares y de su desvinculación del caso. El propio magistrado grabó con una cámara de vídeo sus conversaciones con Telleldín para este arreglo.
El soborno a Telleldín, con fondos reservados de la SIDE, se llevó a cabo a inicios de julio de 1996 y condujo a la detención de los policías bonaerenses.
Para entonces, la investigación había abandonado toda pretensión de ir por los autores intelectuales del ataque, según se constató en las audiencias que concluyeron en 2004.
En 1997, los vídeos delatores que guardaba Galeano fueron robados de su despacho y difundidos por televisión. Sin embargo, el magistrado siguió al frente de las investigaciones, respaldado por el Gobierno y por dirigentes de la comunidad judía. Y un nuevo fiscal se sumó al equipo de Mullen y Barbaccia, Alberto Nisman.
Durante 1998, el comisario Jorge Palacios, quien estuvo conectado al caso desde el inicio, quedó al frente del flamante Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, que apenas se ocupó de presionar a los testigos de modo que sus testimonios cupieran en la tesis de la autoría policial.
En 1999, los tres fiscales solicitaron el inicio de un juicio oral y público contra Telleldín y los policías bonaerenses, para quienes pidieron prisión perpetua.
En el año 2000, una comisión parlamentaria bicameral recibió la primera denuncia del encubrimiento, realizada por un exasistente de Galeano, Claudio Lifschitz.
En 2001 comenzó la fase oral y pública del juicio sobre la "conexión local" del atentado, que duraría tres años, hasta 2004.
Durante 2002 desfilaron ante el tribunal todos los testigos y se presentaron todas las pruebas recabadas hasta entonces, y comenzó así a revelarse el encubrimiento.
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En 2003, luego de que el gobierno relevara de su obligación de guardar secreto a varios agentes de la SIDE, estos confesaron la participación de la Inteligencia en el armado del caso, el pago a Telleldín y la inculpación a los policías bonaerenses. En diciembre de ese año Galeano fue apartado de la causa de la AMIA y más tarde destituido.
En 2005, la investigación del encubrimiento pasó al despacho del juez Ariel Lijo. Desde entonces, transcurrieron años entre recursos presentados por los acusados para anular la causa o reclamar la prescripción de los delitos.
Solo en 2012 el proceso pudo ser elevado a juicio oral, y el tribunal a cargo logró conformarse luego de que se excusaran de integrarlo más de 10 magistrados federales.
Este jueves comenzará, por fin, el juicio al encubrimiento. No solo se ventilarán el soborno y el montaje, sino las razones por las cuales el fraudulento proceso desestimó investigar pistas internacionales, como una posible autoría siria.
Mientras, el ataque terrorista a la AMIA sigue impune y su investigación permanece estancada.
