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Anuncian castigos para responsables de escuchas ilegales en Brasil

© REUTERS / Ueslei MarcelinoJosé Eduardo Cardozo, ministro de Justicia de Brasil
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El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, declaró ante la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) de Petrobras, que no tolerará ningún tipo de abuso de poder y que castigará a los responsables por las escuchas en la celda del detenido Alberto Yousseff si, finalmente, queda demostrado que no hubo autorización judicial.

"Si eso se demuestra, es un acto gravísimo. Las escuchas ilegales jamás deben hacerse y pueden tener certeza que habrá castigo para quienes las practicaron", aseguró Cardozo ante los diputados que integran la CPI en referencia a los responsables de la Policía Federal que efectuaron las escuchas sobre el principal detenido en la Operación Lava Jato.

El dispositivo de escucha fue descubierto por el propio Yousseff en abril de 2014, lo que provocó una investigación interna dentro de la Policía Federal para depurar responsabilidades. Sin embargo, el agente Dalmey Fernando Werlang reconoció el pasado 2 de julio en una reunión privada con el presidente de la CPI, el diputado Hugo Motta del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que los micrófonos fueron instalados sin autorización judicial.

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Mientras tanto, la versión oficial de la Policía Federal continúa siendo que los micrófonos fueron colocados bajo autorización judicial en la época en la celda carcelaria de Curitiba que estaba ocupada por el narcotraficante Fernando Beira-Mar, líder del Comando Vermelho la mayor facción criminal del país, permaneciendo inactivos desde entonces y negando haber realizado cualquier tipo de escucha ilegal.

Una versión que se contrapone a la del abogado de Yousseff, Antonio Figuereido Basto, quien aseguró que las escuchas se realizaron en tiempo real a través de un aparato GSM, por lo que pudo registrar todas las conversaciones confidenciales de su cliente desde su ingreso en prisión el 17 de marzo acusado de liberar la red de corrupción en Petrobras que desvió en torno a 10.000 millones de reales (3.191 millones de dólares) de dinero público.

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