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    Evidencias apuntan al Ejército de México en masacre de Tlatlaya, dice la ONU

    © REUTERS / Jorge Dan Lopez
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    Las nuevas evidencias apuntan a que el Ejército de México asesinó a mansalva a la mayoría de los 22 sicarios muertos hace un año en una bodega del pueblo de Tlatlaya, dijo este viernes un alto cargo de la ONU.

    El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, denunció que "informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento".

    Además, "no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicado en el caso Tlatlaya", denuncia el organismo con sede en Ginebra, Suiza.

    Las autoridades mexicanas deben "tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer recientemente en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años", hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya, dijo Heyns en un pronunciamiento emitido desde la sede del organismo en Suiza.

    Según las autoridades mexicanas, todas las muertes sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, de 22 presuntos delincuentes con una patrulla de ocho militares que solo sufrió un herido.

    Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman federal) estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.

    Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murieron durante la operación, lamenta el alto comisionado de la ONU sobre la materia.

    La nueva información dada a conocer la víspera por un organismo jesuita, el Centro Pro de DDHH, consiste en documentos militares que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación, incluyendo la directiva de que "las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes".

    Según el experto de la ONU, las órdenes dadas por los oficiales encargados de hacer cumplir la ley "nunca pueden consistir en salir y matar criminales, deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo".

    "Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida", señaló.

    El Relator Especial también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones: "aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados".

    "Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya", señaló Heyns, y además la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso.

    Pocas horas después de que el primer parte militar fue emitido hace un año, Rocío Culebro, directora general del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD) dijo con escepticismo a Sputnik Nóvosti: "esperamos un reporte oficial detallado sobre ese enfrentamiento; no se han presentado evidencias, tenemos una preocupación porque no se cometan ejecuciones extrajudiciales, desde que el Ejército y las fuerzas federales se han involucrado en acciones de Seguridad Pública en el marco de la lucha contra el narcotráfico".

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    Ejército de México, Tlatlaya, México
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