"Es un resultado obvio, porque después de la crisis de los niños migrantes detenidos en EEUU que estalló el año pasado, el gobierno de México implementa el mal llamado Programa de la Frontera Sur, que es en realidad un operativo de fuerzas de seguridad, una cacería humana en contra de los migrantes centroamericanos", dijo el responsable del albergue fundado por el sacerdote Alejandro Solalinde.
Mientras los organismos humanitarios de ayuda a inmigrantes construían una propuesta de políticas públicas no punitivas, "el gobierno de México decidió contenerlos por la fuerza para evitarle problemas a EEUU", afirma el portavoz del conocido albergue católico.
"Esos niños vienen huyendo, porque los están reclutando por la fuerza las pandillas, y la familias deciden que es mejor que se arriesguen en el camino a México", dice el coordinador del centro de atención.
El año pasado, el presidente estadounidense, Barack Obama, llamó la atención sobre unos 65.000 niños inmigrantes ilegales que llegaron a EEUU sin acompañantes adultos y fueron detenidos a lo largo de casi un año en albergues a la espera de deportación, bautizada como una "crisis humanitaria".
En respuesta, México lanzó un programa gubernamental concentrado en impedir con fuerzas policiales el uso del tren de carga apodado "La Bestia", que recorre México desde el sur del país, en la zona fronterizo con Guatemala, afirma el responsable humanitario.
Esa política mexicana "ha producido un aumento de detenidos; y sin embargo, las personas siguen su camino por otras rutas aún más peligrosas", dijo Donis Gutiérrez desde el refugio localizado en Oaxaca, en el sur del país.
Los arrestos de niños centroamericanos sumaron 11.893 en los primeros cinco meses de 2015, un aumento de casi 50 % con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando fueron detenidos por autoridades migratorias 8.003 niños y adolescentes, informó el Instituto Nacional de Migración (INM) de México.
El albergue católico, fundado a la vera de las vías del ferrocarril por el reconocido líder católico, Premio Nacional de DDHH en 2012, tiene registros de que en la llamada "Ruta de Migrante" ha habido una disminución del paso de centroamericanos sin papeles, pero en realidad solo ha cambiado la modalidad de su viaje, por rutas más riesgosas.
"Ya no se suben al tren porque van a detenerlos, ahora emprenden caminatas en tramos más largos, y más peligrosos, donde son fácil presa de la delincuencia organizada", denuncia el responsable del organismo humanitario independiente creado en febrero de 2007 en Ixtepec, Oaxaca.
Ese centro auxilia ahora a unas 2.500 personas al mes, mientras que antes del operativo llegaban hasta 5.000 centroamericanos y extranjeros en ese miso lapso: "ahora son victima de más delitos y arrestos en el camino, son agredidos, violados y asaltados, de manera que la inmensa mayoría son víctimas en México y tienen derecho a una regularización de su estatus migratorio".
"Desde el lanzamiento del operativo hubo un aumento de familias de madres solteras, algunas hasta con cuatro hijos, mujeres embarazadas, o familias con niños supuestamente acompañados, pero son traficantes de personas o coyotes", relata el responsable del Albergue.
Los "coyotes" se hace pasar por supuestos tío o familiares de los niños, relata el responsable del albergue que cada año ofrece posada, alimentos, apoyo médico, psicológico y asesoría legal a unos 20.000 emigrantes.
"No tenemos la facultad de investigar a esos traficantes de personas, lo cierto que los niños están saliendo de Centroamérica desde antes de que EEUU decretara la crisis humanitaria de niños sin adultos acompañantes", dijo el coordinador de Hermanos en el Camino.
La cobertura de la presa centrada en episodios perturbadores ha hecho que un 67 % de los mexicanos considere que los emigrantes provocan divisiones sociales y sólo 41 % considera que no se respetan sus derechos, de acuerdo con Consejo Nacional de Prevención de Desastres (Conapred).
"Una cobertura mediática centrada en hechos de violencia (…) y la persistencia de nociones xenófobas y discriminatorias, han conducido a valoraciones negativas sobre las personas migrantes", indica el documento del gobierno mexicano.
