El Congreso de Brasil aprueba la reducción de la edad penal para los crímenes graves

Por 27 votos a favor y solamente 6 en contra, la comisión especial del Congreso Nacional de Brasil aprobó en la noche del miércoles el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC 171/1993) que prevé la reducción de la edad penal en el país de 18 a 16 años para los crímenes graves.

De esta manera, tras varias semanas de polémica con intensas discusiones y la oposición frontal de la presidenta, Dilma Rousseff, el pacto entre el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y el Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB) prevaleció sobre los intereses del Partido de los Trabajadores (PT) y demás organizaciones sociales que advirtieron del "retroceso" de la medida.

En concreto, el texto que deberá ser aprobado en el Senado el próximo 30 de junio, según apuntó el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, considera los crímenes de violación, homicidio voluntario, lesión corporal grave y robo con asesinato, como motivo para el internamiento en prisión de los menores a partir de los 16 años.

"El ciudadano de 16 años sabe muy bien la diferencia entre un acto lícito y otro ilícito. No podemos decir que un menor de 16 años no es imputable, es un absurdo", declaró durante la sesión de votación el artífice del texto, el expolicía y diputado del Partido Republicano, Laerte Bessa.

Por su parte, la diputada del PT, Margarida Salomao, replicó al diputado asegurando que "todos deseamos que disminuya la violencia, pero vista la escasa incidencia de la participación de jóvenes pienso que la reducción es una medida inadecuada".

Precisamente, el pasado martes el Instituto de Investigaciones de Economía Aplicada de Brasil (IPEA, por sus siglas en portugués) publicó un estudio que desmiente los principales argumentos de quienes se posicionan a favor de la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 171/1993), es decir, el 87% de la población según la encuesta Datafolha.

Según este, solamente el 8,75% de los menores detenidos en el país, un total de 23.100 en 2013, respondieron por el crimen de homicidio, mientras que el 63,5% lo harían por delitos considerados menores, y que no entrarían en la reforma, como el robo o el tráfico de drogas, siendo este último considerado como el verdadero problema por detrás de la delincuencia juvenil en el país.