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El ministro de Justicia de Brasil califica a las cárceles como "escuelas del crimen"

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El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, calificó este martes a las prisiones del país como "verdaderas escuelas del crimen" durante su discurso en la Cámara de los Diputados donde estos días se estudia la posibilidad de reducir la edad de responsabilidad penal en el país de 18 a 16 años.

"Sabemos que hoy día nuestras prisiones son verdaderas escuelas del crimen, dentro de ellas actúan organizaciones criminales que comandan la violencia en las calles", explicó Cardozo, quien representó el discurso contrario a la reducción del gobierno de Brasil, frente a la Comisión que analiza la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 171/1993.

Según el ministro, "una parte de la violencia que tenemos en la sociedad, los crímenes, las drogas" que "afectan a la vida cotidiana y aterrorizan al ciudadano" se originaría en las deficientes cárceles del país.

"¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Meter a los adolescentes en las cárceles para que sean captados por las organizaciones criminales?", se preguntó.

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Sin embargo y como última opción para evitar la aprobación de la PEC, Cardozo abrió la puerta a la posibilidad de que el Partido de los Trabajadores (PT) acepte votar la propuesta intermedia del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), principal partido de la oposición, por la cual se aumentaría de 3 a 10 años el tiempo de internación de los menores infractores a cambio de no disminuir la edad de responsabilidad penal.

"La propuesta responde a lo que la sociedad quiere", aseguró el titular de Justicia quien reconoció que "será polémica, pero atiende mucho más aquello que los especialistas recomiendan y que no tiene los efectos colaterales que los últimos estudios han demostrado sobre la reducción de la edad penal".

De esta manera, el Gobierno de Brasil optará por una vía intermedia, negociada el pasado 9 de junio con el gobernador de Sao Paulo y figura destacada del PSDB, Geraldo Alckmin, ante una reforma apoyada por un aplastante 87% de la población aunque rechazada de forma frontal por organizaciones de Derechos Humanos y la ONU, además de criticada públicamente por la presidenta, Dilma Rousseff.

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