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    Un gigantesco dispositivo de seguridad de fuerzas federales conjuntas ha sido desplegado este sábado en México como resguardo de los comicios para elegir nueva Cámara de Diputados, un millar de alcaldías y nueve gobiernos provinciales, el domingo 7 de junio, en un inédito clima de violencia política y boicot.

    El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo ciudadano que organiza los comicios, legitima el impresionante despliegue de las fuerzas federales, policiales y militares, como "acciones para asegurar el buen desarrollo de la jornada electoral desplegadas por las instancias responsables de la seguridad en estricta institucionalidad y legalidad, así como de pleno y cuidadoso respeto a los derechos humanos".

    Las acciones para sabotear las elecciones están focalizadas en enclaves anti-electorales de los empobrecidos estados del sur con predomino de población indígena recostados en las costas del Pacífico: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estado fronterizo con Guatemala.

    Por primera vez desde en 1994, cuando estalló en las montañas del sureño Chiapas una rebelión indígena inspirada en el caudillo de la revolución mexicana de 1910, Emiliano Zapata, encabezada por el encapuchado subcomandante Marcos, un vigoroso movimiento magisterial ha emprendido un notable boicot electoral.

    El último reporte del INE reconoce por primera vez en vísperas de una elección federal, la posibilidad de que los comicios sean impedidos por las acciones de piquetes de enardecidos inconformes armados de garrotes, bombas incendiarias, algunos de ellos encapuchados y hasta con algunas armas cortas.

    La autoridad electoral lo ha reconocido así: "sin embargo, en algunos distritos de cuatro entidades, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, esa tarea se ha visto complicada por las condiciones específicas que en esos Estados han provocado diversas protestas sociales", indica la última declaración oficial emitida a pocas horas de la apertura de las casillas electorales.

    "En específico en el Estado de Oaxaca esa situación tiene el mayor retraso", señala el informe oficial sobre el acoso marcado por el incendio de material proselitista y sedes partidistas de los órganos electorales en ese estado, cuya capital es la histórica ciudad colonial y prehispánica de Oaxaca, patrimonio cultural de la UNESCO.

    Los maestros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación – con 1,2 millones de afiliados, el más grande de América Latina — aglutinan en Oaxaca al 90% del magisterio, en la rebelde Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la combativa CNTE que mantiene complejas negociaciones con el gobierno federal.

    La amenaza del boicot tomó proporciones impredecibles cuando una estratégica presa hidroeléctrica fue ocupada y liberada horas después la noche del sábado, en una audaz demostración de fuerza de unos 300 maestros que mostraron una disciplinada y riesgosa forma de organización de corte insurreccional.

    El magisterio rebelde se ha fortalecido en esas zonas remotas, marginadas del desarrollo de las zonas industrializadas del centro y el norte del país latinoamericano.

    El sabotaje a las elecciones es impulsado por "resabios de las formaciones guerrilleras de los años 70, que encuentran en la coyuntura electoral, el descontento por la inseguridad y el poderío del narcotráfico, el momento político para hacer allí una demostración de fuerza", dijo a Sputnik Nóvosti el politólogo Rubén Aguilar, profesor de Sistema Político Mexicano en la jesuita Universidad Iberoamericana.

    La proclama de la CNTE emitida en vísperas de los comicios, evidencia la beligerancia de los miles de maestros rurales organizados: "el Estado le ha declarado la guerra a todo el pueblo mexicano, imponiendo a sangre y fuego sus reformas que acaban con el carácter social de la Constitución", dice el texto que llama al boicot electoral.

    Las históricas reformas estructurales negociadas con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto "son ordenadas desde quienes concentran el poder económico en el mundo y que son acatadas fielmente por el gobierno en turno, entregando la soberanía de sus territorios y recursos naturales", afirma la dirigencia del magisterio rebelde.

    En cambio, en una declaración que muestra los esfuerzos federales desplegados in extremis, el INE afirma que "ha realizado todos los esfuerzos a su alcance para organizar la elección del domingo 7 de junio; a lo largo de estos meses hemos cumplido con todas las tareas de organización y capacitación electoral para instalar la totalidad de las casillas previstas el día de la elección".

    Democracia, con paz y libertad

    La autoridad electoral responde a los inconformes que existe "la necesidad de que prevalezcan condiciones de paz y libertad para votar, el orden para la celebración de elecciones es el orden democrático".

    El INE afirma que sus aparatos para convocar a 83,5 millones de electores, en un país de uso 120 millones de habitantes, "están listos para cumplir a cabalidad con ese mandato constitucional del que depende la posibilidad de que todas y todos los ciudadanos mexicanos podamos ejercer nuestro derecho fundamental a votar (…) en el 98% de lo previsto".

    "El derecho al sufragio no se contrapone, sino que se conjuga y complementa con el resto de los derechos humanos que todo el Estado mexicano debe tutelar", argumenta el INE.

    El mensaje tiene como destinatario a los movimientos sociales que, con el legítimo argumento de la violencia delincuencial y las violaciones a los DDHH perpetradas en el combate al crimen organizado.

    El INE evaluará "en los distritos donde ha habido dificultades" por las acciones de boicot en los cuatro estados mencionados del sur del país, "las medidas especiales que deben adoptarse para que, con plenas garantías para la integridad de los ciudadanos y los funcionarios electorales, puedan realizarse los comicios en paz y libertad".

    Finalmente, la principal batalla contra el narcotráfico, que tuvo como escenario el estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, en el centro del país, y Tamulipas, en el noreste, fronterizo con EEUU, vive una especie de inesperada tregua.

    Sin embargo, "el narcotráfico en alguna medida va a marcar la pauta en algunos lugares para que las elecciones se lleven a cabo", dijo a Sputnik Nóvosti la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro.

    En esas plazas controlados por el crimen organizado "las elecciones dependerán de si al final amarraron protección o acuerdos con los candidatos de los diferentes partidos políticos, incluso garantizando tranquilidad y llamando a votar, porque los grupo del narcotráfico han logrado colocar, quitar o eliminar a servidores públicos".

    Desde la mirada de la sociedad civil: "no hay quien se salve en esta contienda, la mayoría de los candidatos están vinculados con delitos de cuello blanco, corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con narcos", afirma Culebro.

    Como sea, "el desenlace esperado modificará muy poco la composición del Congreso, que desde 1997 ha estado conformado por tres fuerzas principales", dijo a Sputnik Nóvosti el analista Aguilar.

    Esas fuerzas históricas son el anciano Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante), que cumplirá un siglo en 2029, Acción Nacional (PAN, centroderecha) y la izquierda, que llega dividida en dos formaciones: el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), y la escisión fundada por el dos veces aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador: el Movimiento de Renovación Nacional (Morena).

    En las elecciones participan 1,2 millones de ciudadanos capacitados como funcionarios de casilla, más de 25.000 observadores electorales registrados y 2,3 millones de ciudadanos que han sido acreditados como representantes de partidos políticos y de candidatos independientes.

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    Etiquetas:
    comicios, Instituto Nacional Electoral (INE), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México
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