La propuesta de Cunha (Partido del Movimiento Democrático de Brasil, PMDB) plantea que se aprovechen las elecciones municipales que se celebrarán en 2016 para consultar a la población sobre esta polémica medida, que está de nuevo en el centro del debate después de una ola de agresiones con armas blancas cometidas presuntamente por adolescentes en Río de Janeiro.
.@DepEduardoCunha quer fazer referendo sobre a redução da maioridade penal http://t.co/zrSq7BGSGO pic.twitter.com/l8Uekyjp5y
— Portal R7.com (@portalR7) May 31, 2015
Cunha aseguró en sus mensajes en la red social que está convencido de que la mayoría de la población es "favorable" a la medida, y siguió con su postura crítica con el Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff: "El PT no quiere reducir la mayoría y cree que todos tenemos que estar de acuerdo", dijo.
Pero el PT no es el único partido que se opone a que los adolescentes sean más duramente castigados; también son contrarias la inmensa mayoría de ONG que trabajan en el ámbito social, así como la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) o la Orden de los Abogados de Brasil (OAB).
Incluso el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) se manifestó hace poco en contra de la reducción, alertando de que entonces los adultos que utilizan a adolescentes para cometer crímenes, como los narcotraficantes, pasarían a reclutar a niños de 15 años.
Desde el Gobierno el ministro de la Secretaría de Derechos Humanos, Pepe Vargas, ha sido el primero en responder a la propuesta de Cunha, remarcando que decisiones así no deberían someterse al voto popular: "Si la posición mayoritaria de la población fuese favorable a la tortura, por ejemplo, no significa que tuviéramos que adoptarla en Brasil", ha comentado en declaraciones al periódico "O Globo".
Brasil ocupa el undécimo puesto en el ránking mundial de índice de homicidios, y es el primero en números totales: en 2012, último año contabilizado por el Mapa de la Violencia que elabora el Gobierno, se contabilizaron 56.337 muertes.
Sin embargo, tan sólo el 1% de los crímenes violentos fueron cometidos por adolescentes, según recuerdan las entidades contrarias a la reducción de la mayoría de edad penal.
