Además, las 9.478 empresas y las 5.073 personas físicas incluidas en la categoría de grandes contribuyentes, es decir, que contribuyen con más de 13 millones de reales por año o disponen de un patrimonio superior a los 70 millones de reales, tendrán la posibilidad de regularizar sus situaciones fiscales con mayor agilidad y evitar con ello multas de entre el 75% y el 300% del valor de su deuda.
Las grandes fortunas generan el 63% de la recaudación total de la Hacienda brasileña que en el primer trimestre de 2015 tuvo un retroceso del 2,03%, situándose en los 309.400 millones de reales, debido a los efectos de la fuerte inflación y el problema de la evasión de impuestos que, según el estudio de la Tax Justice Network, le costó 490.000 millones de reales solamente en 2010.
No es casualidad que Brasil apareciese en las primeras posiciones (tras Suiza, Francia y Reino Unido) de los países afectados por el escándalo "Swissleaks" desvelado por el exempleado de la filial suiza del banco HSBC, Hervé Falciani, con un total de 8.600 cuentas asociadas a 6.600 ciudadanos brasileños.
En este sentido y para evitar la pérdida de patrimonio que supone para el estado, el 59,8% de los diputados del Congreso Nacional de Brasil apoyarían la creación de un eventual impuesto sobre las grandes fortunas en el país, una posibilidad que se recoge en la Constitución de 1988 y que llegó a ser presentada en 1989 en forma de proyecto ley por el expresidente, Fernando Henrique Cardoso, aunque quedó definitivamente estancada en la Cámara baja en 2000.
El propio Partido de los Trabajadores (PT) presentó en 2008 su propia versión del impuesto para las grandes fortunas que supondría un desembolso de entre el 0,5% y el 1% para los contribuyentes con patrimonios superiores a los 12 millones de reales, 5 millones más que el proyecto del expresidente de 1989, que igualmente resultó desestimado tras ser debatido por un comisión parlamentar.
