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    La Justicia de Brasil desiste de prohibir la aplicación Uber

    © AP Photo / Eric Risberg
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    La aplicación de transporte alternativo para dispositivos móviles, Uber, volverá a funcionar en Brasil después de que la jueza del Tribunal de Justicia Sao Paulo, Fernanda Gomes Camacho, desestimase la acción civil pública que interrumpió sus servicios desde el pasado 28 de abril.

    De esta manera, quedó suspendida la multa de 100.000 reales diarios (unos 32.500 dólares) establecida por el juez Roberto Luiz Corcioli por cada día que la empresa norteamericana continuase ofreciendo sus servicios en Brasil más allá del 28 de abril, una circunstancia que, en su momento, fue aplaudida por el Sindicato de Conductores y Trabajadores de Empresas de Taxi de Sao Paulo.

    Entre otros argumentos, la jueza explicó en su sentencia, divulgada este martes por los medios locales y que queda abierta a recurso, que el Ayuntamiento de Sao Paulo ya estaría ejerciendo una "labor de control" sobre los servicios de Uber en la ciudad "indicando que el poder público está actuando en la inspección del servicio, lo que aparta la urgencia en su eliminación".

    Creada en 2010, la aplicación Uber funciona en las ciudades de Belo Horizonte, Brasília, Río de Janeiro y Sao Paulo desde 2014, algo que provocó las quejas airadas de los colectivos del taxi de estas ciudades llegando incluso a congregar 2.500 vehículos durante una manifestación en las calles de Sao Paulo el pasado 8 de abril.

    En declaraciones a Sputnik Nóvosti el presidente del Sindicato de Taxistas Autónomos de Sao Paulo, Natalício Becerra, aseguró que "no existe ninguna posibilidad de que los servicios ofrecidos por la aplicación sean considerados como legales según el Código de Tráfico Brasileño, puesto que operan sin estar registrados en el ayuntamiento como exige la ley".

    Además, el representante del mayor sindicato del sector en Sao Paulo, recalcó que continuará "con una acción legal que en estos momentos está siendo ultimada con los asesores jurídicos del sindicato" y advirtió que "más allá de las cuestiones técnicas que han imposibilitado la prohibición, existe un serio problema de seguridad puesto que el cliente nunca podrá saber si está cayendo en manos de un criminal al subirse a vehículos no identificados".

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