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    La senadora Sonia Rocha resaltó la incorporación de Registro Nacional de Datos de personas desaparecidas

    Senado de México aprueba reforma constitucional sobre desaparición forzada y tortura

    © Foto : Comunicación Social en el Senado de la República
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    Desapariciones forzadas en México (23)
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    El Senado de México aprobó este miércoles por unanimidad una esperada reforma constitucional que autoriza al Congreso a expedir las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad, tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.

    Las figura legal de "desapariciones forzadas", en las cuales participan agentes del Estado, son consideradas delitos de lesa humanidad que nunca prescriben, ha sido exigida a México por misiones de la ONU, la Comisión Interamericana de DDHH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y decenas de organizaciones de DDHH mexicanas para evita el uso de categorías del fuero común inadecuadas, como secuestro y homicidio.

    "Son una práctica añeja de control político y social, heredada de un pasado caracterizado por una política de Estado cerrada a las exigencias sociales, que reprimía movimientos sociales", dijo en la tribuna de la Cámara Alta la senadora Sonia Rocha, del opositor Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha).

    La reforma a la Carta Magna "es un paso firme en momentos en el que el país vive la más profunda crisis de derechos humanos después de 1968" cuando se cometió una masacre de decenas de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, dijo ante el pleno senatorial el legislador de izquierda Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

    México vive en "un contexto de impunidad, abuso de poder y responsabilidad directa del Estado mexicano en la desaparición forzada de personas y tortura", denunció el legislador de izquierda.

    Los peligros amenazan a toda la población mexicana, "ya que en la guerra contra el narcotráfico, establecida unilateralmente por el poder Ejecutivo federal (desde 2007), se permitió la salida del Ejército a las calles, y con ello, la militarización del país", denunció Encinas.

    El tema de los desaparecidos por la violencia del narcotráfico coludido con policías se colocó al tope de la agenda pública de México tras la masacre hace siete meses de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, saldada con seis muertos y 43 desparecidos, y el debate creció con la divulgación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que contabiliza 25.821 ciudadanos en esa condición en los último ocho años.

    La reforma permitirá, además, legislar sobre el desplazamiento forzado de personas en las violentas zonas remotas del interior del país: "estas poblaciones no son libres porque abandonan su entorno en contra su voluntad e interrumpen su vida", sostuvo a su turno el senador Zoé Robledo del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), tercera fuerza en el Congreso.

    A la oposición senatorial se sumó el oficialista Omar Fayad, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante), quien afirmó que los "legisladores no pueden hacer oídos sordos" a las demandas de la sociedad, pues hay un antes y un después por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa", en el montañosos Guerrero, sur de México, perpetrada en septiembre de 2014.

    Una encuesta levantada por la empresa Parametría indica que el tema de desaparición forzada preocupa a nueve de cada diez hombres y mujeres consultados, y un tercio considera que afecta más a jóvenes y niños.

    Respaldado con 104 votos a favor de los senadores asistentes al pleno de la Cámara Alta, el dictamen modifica el Artículo 73 de la Constitución, ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación legislativa total, y la reforma podría ser promulgada por el presidente Enrique Peña cuando la mitad más uno de los 32 estados de la federación mexicana lo aprueben.

     

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    torturas, derechos humanos, desaparición forzada, Comisión de Estudios Legislativos, Partido Acción Nacional (PAN), CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, ONU, Senado de México, Zoé Robledo, Sonia Rocha, Alejandro Encinas, México
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