"Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México", observó HRW.
"La regla es que estos abusos queden impunes", lamentó HRW con base en conclusiones de varios de los propios informes de la Procuradora, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y de organismos de derechos humanos de la ONU.
"El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de DDHH en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes", sostuvo a su vez Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.
El organismo con sede en Nueva York reconoce que al asumir su cargo en marzo de 2015, en reemplazo del ex Procurador Jesús Murillo, la nueva funcionaria se comprometió a investigar abusos, desapariciones y torturas; sin embargo, para lograrlo "deberá ser mucho más activa que sus predecesores", apunta la misiva.
HRW cuestiona que el gobierno de Peña Nieto haya criticado públicamente al Relator Especial sobre tortura de la ONU, y rechazó en marzo su conclusión de que la tortura era "un problema generalizado" en México, acusándolo además de publicar hallazgos que "no pudo sustentar".
Vivanco señala a la alta funcionaria federal que los esfuerzos de sus predecesores "han sido inadecuados y han producido resultados limitados".
Por ejemplo, en junio de 2013, México creó una unidad dedicada a casos de desapariciones, pero "hasta enero de 2015 la unidad no había obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007".
HRW señaló que la PGR debería dar a conocer los nombres de 22.000 personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas.
La Procuradora también debería "asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas", y que las víctimas, sus familiares y el público tenga acceso a las investigaciones.
Vivanco recomendó a la PGR acelerar la implementación de la base de datos Ante-Mortem/Post-Mortem, para investigaciones penales.
Finalmente, recomendó que los expertos independientes de las desapariciones en Iguala (masacre de estudiantes de Ayotzinapa), y cualquier otro caso en el que se requiera su intervención, "realicen su labor sin interferencias indebidas".
"Está por verse si (la Procuradora) está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar que estos delitos sean investigados de forma exhaustiva y que los responsables sean finalmente llevados ante la justicia", puntualiza el director de HRW.
