"Las víctimas esperaron cuatro años para que la Suprema Corte de Justicia iniciara la discusión del expediente, relacionado con el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)", en los casos de tortura sexual de las indígenas de la etnia Me"phaa, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Las mujeres indígenas del conflictivo estado de Guerrero, asolado por la violencia política y del narcotráfico fueron "víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, agredidas por elementos del Ejército mexicano".
Las dos mujeres solicitaron al máximo tribunal "una resolución sobre las obligaciones tienen los jueces del Poder Judicial frente esas dos sentencias de Corte IDH, y lo que implicaría a partir de entonces investigar e impartir justicia con perspectiva de género y de etnicidad", dijo la coordinadora del área internacional del Centro Tlachinollan, nombre del antiguo reino aborigen en las montañas de Guerrero al sur de México.
Las dos víctimas de los abusos, quienes solo hablan su lengua ancestral, emprendieron "una larga búsqueda de justicia, que incluyó enfrentarse a la impunidad generada por el fuero militar y graves riesgos a su vida", dijo a esta agencia la representante del organismo humanitario.
Finalmente, en 2010, el máximo tribunal interamericano emitió sentencias en las que condenó al Estado mexicano y dio la razón a ambas mujeres que fueron agredidas por soldados del Ejército en dos episodios en la conflictiva y remota región montañosa de Ayutla, a ocho horas por tierra de la capital estatal Chilpancingo (200 km al sur).
"A solicitud de ellas, ahora la Corte Suprema discute qué implica juzgar casos de tortura sexual con perspectiva de género y etnicidad", dijo la portavoz de la ONG que también defiende el caso de la masacre de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, saldada con seis muertos y 43 jóvenes de origen indígena desaparecidos.
En el caso de las dos mujeres indígenas existen procesos abiertos contra militares en el fuero común, identificados como los agresores, y "esperamos que la Suprema Corte indique a los jueces lo que implica juzgar una violación por agentes militares con un enfoque de género y etnicidad, con las obligaciones que impone a los jueces frente a las sentencias interamericanas en casos de tortura sexual, y el valor de la versión se las víctimas de delitos sexuales".
"Para nosotros como defensores, la discusión sobre la obligatoriedad del dictamen de la Corte Interamericana ya está superada; ahora lo más importante es que la Corte Suprema emita una resolución sobre la justicia en casos de agresión sexual con enfoque de género y etnicidad, como garantía de no repetición", puntualizó Aguilar.
El caso se ha vuelto emblemático, y como resultado ya han sido dictadas medidas generales, tales como la reforma del Código de Justicia Milita sobre control de fuerzas y la Ley de Amparo.
Para ambas mujeres, la resolución del máximo tribunal "permitirá señalar las obligaciones que tienen los jueces a cargo de los proceso penales iniciados en contra de elementos de las Fuerzas Armadas, para asegurar que las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres Me"phaa no queden impunes", puntualizó Aguilar.
