En concreto, la empresa, una de las investigadas por corrupción en la Operación Lava Jato, habría despedido a 70 trabajadores y habría puesto sobre aviso a otros 500 que podrían perder su trabajo a los 30 días, mientras que 500 más podrían ser despedidos en cualquier momento debido a que se encuentran en periodo de pruebas.
El motivo por la inminente oleada de despidos se debe a los 600 millones de reales que el ayuntamiento de Río de Janeiro debe a la constructora desde el pasado mes de enero en virtud del consorcio firmado para las obras de Río 2016.
De momento, apenas 60 millones habrían sido recibidos por la empresa, que se ha visto plenamente afectada por los recortes en proyectos de infraestructuras públicas decretados por el ministro de Hacienda de Brasil, y por su implicación en la trama de corrupción de Petrobras a través de contratos ilícitos con la compañía.
Cabe recordar que tanto el propietario de la empresa, Darío de Queiroz Galvao Filho, como el expresidente, Ildefonso Colares Filho, y el director ejecutivo, Othon Zanoide, habrían sido detenidos el pasado mes de noviembre por la Policía Federal de Brasil por su relación con los delitos investigados en la Operación Lava Jato.
En caso de que los despidos lleguen a efectuarse, amenzaría al cumplimiento de los plazos en las obras del Complejo Olímpico Deodoro, el cual albergará 11 modalidades olímpicas: Hípica, Esgrima, Tiro Deportivo, Pentatlón moderno, Piragüismo, Hockey césped, Rugbi, Baloncesto, Fútbol 7 paraolímpico, BMX y Mountain Bike.
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