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    Hace exactamente un año la Policía Federal de Brasil lanzó la llamada "Operación Lava Jato", en referencia a que los negocios se hacían en instalaciones de lavado de coches, que se ha convertido en la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.

    Destinada a investigar los desvíos de dinero público cometidos a través de la petrolera semiestatal Petrobras, la operación ya ha supuesto la detención de 82 acusados a través de 19 acciones penales del Tribunal Supremo Federal (TSF) y la investigación de 48 políticos, algo inaudito en el país. 

    En concreto, 22 diputados federales, 13 senadores, 12 exdiputados, 3 gobernadores y una exgobernadora han sido relacionados con el escándalo de corrupción creando un auténtico terremoto en las filas de los tres grandes partidos de Brasil: Partido de los Trabajadores (PT), Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB) y Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB).

    Las investigaciones del caso han envuelto incluso a terceros países como Suiza o Estados Unidos, el primero como lugar de destino predilecto de los 139.666.471 reales repatriados de los 10.000 millones de reales que se calcula que fueron desviados por la trama corrupta en Petrobras.

    En total 22 personas continúan presas en las cárceles del estado de Paraná, foco de la investigación, de los cuales 12 se han acogido a pactos especiales para reducir sus penas a cambio de beneficios, una situación que ha permitido un alcance de la investigación que pocos pensaban que podría haber logrado.

    El pasado domingo, millones de brasileños dijeron basta a la oleada de corrupción destapada por la Operación Lava Jato, una situación que hizo tambalearse a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que curiosamente fue la presidenta del Consejo de Administración de Petrobras en los años que están siendo investigados, pero que ha sido absuelta de toda culpa por la Justicia Federal.

    La ejecución de la décima fase de la operación este mismo lunes, con la caída del exdirector Nestor Duque, ha sido interpretada por muchos como el último esfuerzo del gobierno de Rousseff para salvar su credibilidad en la lucha contra la corrupción, sin embargo, las consecuencias finales de la Operación Lava Jato todavía están por llegar y nadie sabe quien podría ser el próximo peso pesado del Partido de los Trabajadores en caer.

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    Etiquetas:
    TSF, corrupción, Operación Lava Jato, Petrobras, Dilma Rousseff, Brasil
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