México ha respondido al diagnóstico con una declaración de su representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Jorge Lomónaco, quien expresó el tajante desacuerdo gubernamental con utilizar el término "tortura generalizada", porque "no refleja la realidad".
El alto cargo de la Cancillería dijo que México sólo recibió 14 expedientes de casos de tortura plenamente documentados, "por eso decimos que no se puede usar esa aseveración (tortura generalizada); cuando se limita a esos pocos casos; una cosa es la retórica y otra la sustentación, y la verdad es que no se puede sostener ese calificativo".
Sin embargo, la definición de tortura generalizada utilizada por la ONU "es una expresión técnica, no es juicio de valor, procede del derecho internacional", dijo a Sputnik Nóvosti el director de la organización humanitaria contra la tortura Amnistía Internacional (AI), Perceo Quiroz.
En las investigaciones internacionales sobre la tortura "existe mucha jurisprudencia en el Derecho Internacional de los DDHH para describir una situación de violaciones generalizadas, y lo que pasa en México califica como una situación generalizada", dijo el máximo representante de AI en México.
Los organismos humanitarios tienen una "preocupación por la intención gubernamental de descalificar los cuestionamientos al Estado y el gobierno, ese no es el camino para salir del bache de la crisis de DDHH en la cual está México", dijo el responsable humanitario.
Amnistía recomienda al Gobierno del presidente Peña "reconocer la crisis generalizada", porque las cifras oficiales avalan lo que el Relator Especial de la ONU está diciendo, en México "hay una cifra de negra de delitos no denunciados de más de 93 por ciento, solo se denuncia 6,2 por ciento de los delitos", señaló Quiroz para colocar en perspectiva los casos documentados.
"Coincidimos plenamente con el informe de la ONU sobre los procesos penales contra personas más vulnerables; no hay reglas ni protocolos de o agentes encargados de cumplir la ley; el Gobierno debe reconocer los casos de desaparición forzada a manos de agentes del Estado", prosiguió el abogado anti-tortura de Amnistía.
El Relator de la ONU escribió desde las primeras líneas de su informe de 21 páginas que "la tortura es generalizada en México; ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación".
El Relator Especial identificó varias "causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas", al tiempo que observó "serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento".
"La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad; generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información", dice el centro de la conclusión de Relator Especial.
"Hay evidencia –dice el relator Méndez– de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces".
En sus recomendaciones, el organismo de la ONU señala que "la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento".
El embajador mexicano ante los organismos internacionales Jorge Lomónaco participó en el diálogo interactivo ante el Consejo de DDHH de la ONU con el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, en el cual dijo: "ante este Consejo que no podemos compartir una aseveración como la que propone el relator en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país".
Esa definición "no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica, una cultura de respeto a los derechos humanos, los que por cierto, han sido acompañados en gran medida por las Naciones Unidas", dice la postura oficial mexicana.
Las víctimas de torturas y maltratos en México "son por lo general personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados, principalmente detenidos por su presunta relación con la delincuencia organizada", dice la ONU.
Además, en México hay "numerosos casos" donde personas sin aparente vinculación con las conductas delictivas investigadas reportan haber sido detenidas, "forzadas a firmar declaraciones bajo tortura y, en casos, sentenciadas con base en esas declaraciones", deplora la ONU.
El informe se base en otro reporte de la Comisión Nacional de DDHH (Ombudsman federal), quien reportó a la ONU 11.608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014.
En otro reporte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014, mientras que la sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014, de manera que "la cantidad es preocupante", reprochó.
