La búsqueda se concentrará en los cuarteles y zonas agrestes de las montañas de Guerrero, anunció Felipe de la Cruz, portavoz de los padres de los estudiantes que fueron masacrados el 26 de septiembre, con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 secuestrados, de los cuales 42 permanecen desaparecidos, mientras se analizan restos humanos en laboratorios forenses.
"No tenemos miedo de subir" a la sierras del estado de Guerreo, infestado por mafias de narcotraficantes, dijo el representante.
Los padres exigen ahora que se abra una investigación judicial contra el Ejército, por sospechas de que militares hayan participado en los ataques, y se emprenda una "búsqueda en vida" de los jóvenes.
El Ejército aceptó el martes abrir los cuarteles militares para que los padres comprueben que sus hijos no fueron detenidos por el Ejército ni están secuestrados ni fueron cremados en las instalaciones castrenses.
La decisión de las autoridades "no es un favor", sino una exigencia cumplida, dijo De la Cruz, mientras la investigación judicial descarta que el Ejército haya participado en la confabulación.
"Nos han prevenido de que (los delincuentes de la sierras) están dispuestos a matar a la gente que vaya con nosotros (…), puede ser verdad o mentira, pero hay que prevenir", dijo al portal de noticias de Carmen Aristegui, conductora del noticiario MVS.
Los padres llevaban cobijas, machetes, lámparas, botas para la montaña, agua, tortilla seca, comidas enlatadas, y radios de onda corta para comunicarse —de acuerdo con el reporte-, y van acompañados por la Policía Comunitaria de los municipios Temalacatzingo y Onilala, quienes llegaron armados a la sede de la escuela en Ayotzinapa.
Estudiantes universitarios y una ambulancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal), se sumaron a la caravana programada para al menos ocho días.
La búsqueda ciudadana inicia luego de los disturbios frente a la base militar en Iguala (200 km al oeste) y otros dos cuarteles en Acapulco y la capital de Guerrero, mientras crece la indignación y la violencia en las protestas.
La Defensa Nacional denunció este miércoles ante la fiscalía federal que 11 militares y policías "resultaron lesionados en la agresión", y uno efectivo recibió el impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del peroné; mientras los familiares denunciaron seis lesionados.
La investigación oficial judicial establece que la masacre ocurrió cuando policías de Iguala atacaron dos autobuses repletos de alumnos que habían ocupado ocho unidades de transporte público para viajar a una manifestación en la capital mexicana.
Los testimonios de tres verdugos llevaron en octubre al hallazgo de los restos calcinados en un basurero del pueblo vecino de Cocula, que fueron lanzados a un río, de donde fueron rescatados 17 despojos humanos y enviados a un laboratorio de Austria, para su identificación, de los cuales sólo un estudiante ha sido identificado.
