En primer lugar, colocó el fortalecimiento del "respeto a la ley y a los derechos humanos", con base en un decálogo de medidas contra la inseguridad y el crimen organizado, anunciado tras la masacre de estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre pasado, en Iguala, Guerrero.
El segundo objetivo es la implementación de las reformas estructurales aprobadas el año pasado, como la energética, la de telecomunicaciones, la fiscal y la educativa.
Peña afirmó que los primeros resultados de esas reformas ya se perfilan, tales como la reducción en el costo de las tarifas eléctricas; el fin del cobro de las tarifas de larga distancia en llamada telefónicas; y el fin de los aumentos en los precios de los combustibles.
El tercer objetivo es el "fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupción", y el impulso de los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
El cuarto objetivo es acelerar la construcción de infraestructura y vivienda, y el quinto es reforzar el combate a la pobreza.
Peña, hundido en los sondeos como el presidente más impopular de México en 20 años, enfrenta una crisis política por la violencia delincuencial que ha costado más de 100.000 vidas desde 2007, de ellas casi 30.000 en su gobierno, que recién cumplió dos de los seis años de mandato.
