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    Los militares en ningún momento se mostraron dispuestos a cooperar con la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil, denunció Rosa Cardoso da Cunha, integrante de esta comisión y otrora abogada de Dilma Rousseff en su época de detenida política.

    "Los militares se negaron a colaborar con nosotros durante la investigación. No interfirieron de ninguna manera, pero tampoco quisieron dar ayuda", dijo Cardoso el jueves en una entrevista a RIA Novosti,

    Según Cardoso, las Fuerzas Armadas como institución "no admitieron en ningún momento que durante la dictadura se cometieron crímenes de lesa humanidad".

    "Se rehusaron a abrir sus archivos diciendo que hace tiempo había sido destruido todo, cuando en realidad se conserva", lamentó.

    No obstante, Cardoso se mostró satisfecha con el informe de la Comisión.

    "Me parece que la Comisión ha alcanzado buenos resultados. Investigamos las violaciones a los derechos humanos que en Brasil no se ven desde el punto de vista del derecho penal, pero aún coinciden con la idea de crímenes de lesa humanidad: me refiero a los castigos, torturas, desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias", dijo la abogada.

    Cardoso cree que la Comisión Nacional de la Verdad "cumplió su función" y ahora estas tareas las asumieron las comisiones regionales, a las que les queda "aún mucho por hacer para llevar a Tribunales los casos de crímenes cometidos por los militares".

    El miércoles la Comisión entregó a la presidenta Rousseff un documento de 2.000 páginas en el que se detalla que en total hubo 434 víctimas en todo el periodo militar y que hubo una purga de 6.591 militares dentro de las Fuerzas Armadas para los disidentes con el régimen.

    Aunque la Comisión no tiene la potestad jurídica para procesar a los acusados, el documento recomienda que los militares sean procesados individualmente por la Justicia de Brasil.

    Por último, la Comisión recomienda al gobierno de Brasil la adopción inmediata de 29 medidas para "prevenir graves violaciones de los derechos humanos" así como "promover la consolidación del Estado democrático y de derecho".

    Creada en mayo de 2012 para estudiar y aclarar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988, principalmente en el período de la dictadura militar brasileña (1964-1985), la Comisión Nacional de la Verdad habrá terminado su función el día 16 de diciembre. En el informe final, el grupo llama a la creación de un organismo público que le dé seguimiento y continuidad a las acciones de la Comisión.

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