Guatemala: "Hay una hibridez de lo delictivo con lo legal operando en todos los niveles"

El presidente Bernardo Arévalo se juega en el Congreso la salida de la fiscal general Consuelo Porras. Conversamos con el analista internacional y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná.

Según analistas, la decisión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, de presentar ante el Congreso una reforma legal que permita la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, pone en debate la injerencia de Occidente en medio de una cruzada más amplia destinada al continente.

Arévalo anunció en cadena nacional que será responsabilidad de los 160 diputados decidir si validan o rechazan la propuesta.

"El presidente no tiene respaldo del Congreso, ni bancada ni apoyo partidario. Su único apoyo es el de la embajada de EEUU. No está claro lo que vaya a ocurrir", dijo a Telescopio el analista internacional y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná.

"El problema no es la Fiscalía, es la culminación o fracaso del modelo de Estado, donde ya no se sabe diferenciar entre lo lícito y lo ilícito. Hay una hibridez de lo delictivo con lo legal operando en todos los niveles. Es muy difícil resolver las distintas situaciones con parches a nivel del ordenamiento jurídico o intentando crear un enemigo interno", declaró Ollantay Itzamná.

De acuerdo con el mandatario, quien ha impulsado otros cambios, la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público abrirá el camino para que la fiscal general Porras rinda cuentas y sea removida de su cargo en el marco de la ley.

"Esto es más de lo mismo y no va a solucionar nada. Incluso hay una propuesta de consulta popular que promueven sectores que, con buena fe, han estado en las movilizaciones de octubre, en aquellos 106 días de protestas. Pero eso no va a proceder, no existe esa mayoría que respaldó a Arévalo durante 2023", sostuvo el también abogado y teólogo guatemalteco.

"Desde la perspectiva de los sectores del campo popular que acompaño, hay una propuesta de tener un nuevo ordenamiento, una nueva arquitectura jurídica institucional para el Estado y el país, donde no solo el Ejecutivo y el Legislativo sean electos por voto popular, sino que también en el aparato judicial se establezcan mecanismos de control, más allá de los partidos políticos para que estos efectivamente operen", adelantó el entrevistado.

Consuelo Porras, quien puso en jaque la transición presidencial al emprender en 2023 una persecución judicial contra el actual mandatario y su partido (Movimiento Semilla), había sido denunciada en febrero por Arévalo ante la Corte Suprema por incumplimiento de deberes.

Desde que el jefe de Estado asumió en enero, prometió que su prioridad es acabar con la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.

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