Panamá: con el contrato minero "el Estado renuncia a su soberanía"

Las movilizaciones en contra del acuerdo continúan mientras se espera la resolución de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad.

Este viernes 3 de noviembre el presidente Laurentino Cortizo promulgó la ley de moratoria indefinida para la exploración y extracción de la minería metálica.

Esa norma, votada un día antes por la Asamblea Legislativa, incluía en su texto original la derogación de la ley 406, que aprobó el contrato con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

La revocación no se concretó y ahora depende de la decisión de la Corte Suprema.

En diálogo con Contante y Sonante el politólogo y economista Richard Morales dijo que hubo una campaña de "miedo" basada en que si se derogaba el contrato, la minera demandaría al Estado panameño y el país perdería en un arbitraje internacional.

"Aunque los expertos ya han dejado bien claro que la minera puede demandar y lo va hacer sin importar si el contrato es revocado por la vía legislativa, decreto ejecutivo o fallo de la Corte", afirmó el también académico y candidato a la vicepresidencia por postulación libre para las elecciones de 2024.

El acuerdo, promulgado en octubre, continúa otro firmado en 1997 y otorga la concesión por 20 años prorrogables para actividades de minería a cielo abierto a Minera Panamá.

Los términos iniciales otorgaban un 2% de regalías para el país mientras que los nuevos establecen un mínimo de 375 millones de dólares anuales.

Pero, según Morales, la cifra se basa en un cálculo sobre ingresos netos y no brutos, como antes, por lo que no habría un incremento real.

"Además incluye cantidad de cláusulas que les permite no pagar ni siquiera eso", afirmó, como por ejemplo si la extracción se ubica por debajo de cierto nivel.

El entrevistado aseguró que las condiciones del acuerdo empujan a que el Estado panameño "renuncie a su soberanía. Es prácticamente un enclave territorial lo que están establecimiento en el país".

El convenio suscrito en la década de los 90 fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017, pero la empresa continúa operando.

De acuerdo a las cifras oficiales, la minería representa el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, afirmó Morales, las cifras de Minera Panamá aducen que su proyecto aporta el 4,9% del PIB.

"Es decir, según ellos, su proyecto representa más que todo el porcentaje de toda la minería en Panamá. Es claro que estas cifras no son creíbles", sentenció el entrevistado.