Paro cívico nacional en Guatemala cumple 15 días en defensa de la democracia

SAN SALVADOR (Sputnik) — Las manifestaciones y bloqueos carreteros continúan en Guatemala por decimoquinto día consecutivo como parte de un paro cívico nacional convocado por las organizaciones de los pueblos ancestrales mayas en defensa de la democracia.

"A esta hora de la mañana, 08:40 [14:40 GMT], hay 30 puntos bloqueados en las carreteras del país", informó Karen Belloso, auxiliar de vocería de la Dirección General de Protección y Seguridad (PROVIAL) en un video publicado en la red social X.

El paro fue convocado el 30 de septiembre luego que agentes del Ministerio Público allanaran las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se llevaron los documentos originales con los resultados de las elecciones generales del 25 de junio.

Los manifestantes demandan la destitución de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, a quienes acusan de ser los operadores de las acciones del "pacto de corruptos" para anular la voluntad popular expresada en las urnas.

Durante la madrugada del 16 de octubre, más de 1.000 policías y agentes de los cuerpos antimotines tomaron el control del acueducto Xaya' Pixcaya, del departamento de Chimaltenango (centro), que había sido desocupado el domingo por pobladores que lo habían tomado hacía una semana.

En un comunicado a nombre del pueblo de Chimaltenango y publicado por la agencia de noticias Prensa Comunitaria, se explica que la liberación de la planta es un acto de buena fe teniendo en cuanta que el suministro de agua es un derecho humano.

No obstante, reitera denuncias de que ese derecho es negado a los sectores más vulnerables de la capital y otras localidades cercanas, porque la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) responde a los intereses de los monopolios empresariales.

La ocupación del acueducto era uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y los líderes de las organizaciones de los pueblos mayas convocantes del paro.

En una cadena nacional, Giammattei responsabilizó a esos dirigentes de las posibles muertes de personas en los hospitales por la carencia de agua, pero estos negaron tener relaciones con los pobladores que ocupaban la planta y acusaron al mandatario de intentar criminalizar las protestas populares.

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