La fiscal general de Guatemala califica de delito los bloqueos que exigen su renuncia

La manifestación política en Guatemala es un derecho, pero los bloqueos carreteros con que los ciudadanos han expresado su repudio a la situación que atraviesa el país son un delito, acusó la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien se exige su renuncia por considerarla responsable de la crisis política.

Mediante un videomensaje publicado en el canal de Twitter (ahora X) del MP guatemalteco, Porras aseveró que deben investigarse las afectaciones derivadas de los bloqueos, además de acusar que se acompañan de amenazas contra comerciantes y personas en busca de abasto para cubrir sus necesidades cotidianas.

Las familias guatemaltecas, a causa de las protestas, consideró Porras, "están siendo víctimas de la violación de sus derechos y, en muchos casos, exponiendo su integridad física y la vida, así como por no poder llevar el sustento diario a sus hogares como consecuencia de los bloqueos que se han realizado en los últimos días".

Un grupo de guatemaltecos aprovecha el derecho constitucional a la protesta para obstruir accesos a distintas sedes del MP y a distintos juzgados, acciones ilegales que vulneran los derechos de los habitantes del país centroamericano, acusó la también fiscal general del país centroamericano.

La funcionaria judicial sostuvo que no ejerce la discriminación contra ninguna persona o sector, ni responde a los momentos nacionales, sino que actúa en observación del cumplimiento de la ley y por la investigación obligatoria de denuncias.

Porras, además, llamó al Ministerio de Gobernación del presidente Alejandro Giammattei a hacer cumplir el estado de derecho para evitar una confrontación entre ciudadanos "por temas eminentemente políticos e ideológicos".

"Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito y ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver de forma expedita esta problemática", apuntó.

El Ministerio Público se encuentra en estos momentos en la mira de las críticas del partido Movimiento Semilla, del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de la ciudadanía guatemalteca porque se le acusa de instrumentar la ley en contra del proceso electoral y de esa fuerza política, en lo que consideran un intento por descarrilar los resultados de las urnas e incluso dar un golpe de Estado, según ha denunciado el propio Arévalo.

Entre la primera y la segunda vuelta electorales, ocurridas respectivamente el 25 de junio y el 20 de agosto de este 2023, el MP anunció un procedimiento jurídico contra el Movimiento Semilla, bajo acusaciones de que falsificó firmas para constituirse como partido político.

Además, ha intervenido en repetidas ocasiones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para retener actas electorales bajo el argumento de que se han presentado denuncias por irregularidades durante los comicios, que dieron una victoria aplastante a Arévalo sobre la candidata Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Estas acciones judiciales contra el resultado electoral han sido repudiadas por la ciudadanía guatemalteca, que considera que están motivadas por intenciones políticas y que esconden un esfuerzo por invalidar el resultado de las urnas.

Tras varias denuncias de Arévalo de que en Guatemala se fragua un golpe de Estado con la intención de impedir su toma de posesión de la presidencia en enero de 2024, este octubre diferentes organizaciones indígenas, comerciales, estudiantiles y de otros gremios han iniciado una movilización generalizada, que incluye llamados a boicotear actividades comerciales y bloqueos carreteros, para exigir la renuncia de Porras y el cese del hostigamiento judicial contra los comicios.

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