Colombia propone trabajo a madres reclusas: "Hará menos vulnerables a muchas mujeres"

El decreto, expedido el 4 de septiembre, es un hito para la justicia penal colombiana: las madres cabezas de familia, privadas de la libertad, podrán pagar sus penas con trabajo social. Sputnik habló con Camilo Umaña, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, para entender un poco más la medida.

El 15 de septiembre, el viceministro Camilo Umaña estuvo en la cárcel El Buen Pastor, que es el centro de reclusión femenino más grande del país, ubicado en Bogotá, y donde hay 1.788 mujeres privadas de la libertad, recluidas en un edificio de más de 70 años con capacidad para 1.275 detenidas.

El objetivo de la visita fue explicarle a las internas el decreto 1.451 de 2023, ley firmada por el presidente Gustavo Petro el 4 de septiembre, y sancionada por el Congreso el 8 de marzo de este año.

Con dicha norma se busca que más de 6.000 mujeres cabeza de familia, y que cometieron delitos por su condición de pobreza, puedan pagar sus penas a través de labores sociales y de utilidad pública, sin necesidad de una medida intramural.

#Agenda | En la Cárcel de Mujeres ‘El Buen Pastor’ el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, presidió el acto de socialización de la Ley de Utilidad Pública.

“Esta medida restaurativa está destinada para que la sociedad vea el servicio… pic.twitter.com/TBl1Ip6tZ0

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) September 16, 2023

Sputnik dialogó con Umaña, quien se refirió a una ley revolucionaria en Colombia por su enfoque social y que busca solucionar, entre otras cosas, el hacinamiento que presentan los centros de reclusión para mujeres en todo el país.

—¿Cuál es la proyección del Ministerio de Justicia frente a las mujeres que pueden verse beneficiadas con esta medida?

—Según nuestras cuentas, en la actualidad hay 17.000 mujeres privadas de la libertad, de las cuales 7.888 están condenadas. De esas, nuestro estimado es que el 40% pueda aplicar al sustituto dependiendo la decisión de los jueces, claro está.

—¿Qué mujeres pueden aplicar a esta ley?

—Las que hayan cometido delitos derivados de su situación de marginalidad y que lo hayan hecho para mantener a sus familias, que no hayan tenido otra opción de vida. Por eso el requisito de ser madre cabeza de familia.

Hay que tener en cuenta que son delitos que den penas menores a los ocho años, como los relacionados con estupefacientes. En Colombia, la mayoría de las mujeres que están en el sistema penitenciario es por temas de microtráfico.

—¿Y si las mujeres no tienen hijos?

—Lo importante es que tengan a cargo el hogar, bien sea familiares en primer grado de consanguinidad o en situación de discapacidad, madres o padres mayores, etc. Lo vital es que sea el núcleo familiar.

—El decreto habla de trabajo comunitario. ¿Habrá cupo para todas las que quieran aplicar?

—A la fecha tenemos 17 preconvenios que nos dan alrededor de 2.500 plazas. El Ministerio creó un sistema de información público para que los jueces lo consulten y tomen la decisión que sea más acertada.

—¿Cuáles serán el tipo de labores?

—De tipo administrativo y asistencial. Son varias, de hecho. Lo principal es que las mujeres puedan salir a hacer un trabajo que restaure a las comunidades y que estas sientan que hay un aporte de las medidas de manera concreta.

—En el decreto dice que serán labores no remuneradas, entonces, ¿de qué van a vivir estas mujeres?

—La ley es clara y dice que las mujeres tendrán un espacio para estudiar o trabajar. Y que los servicios comunitarios irán variando entre cinco y 20 horas a la semana. Incluso pueden aplicar a los subsidios que tiene el Gobierno para las mujeres cabeza de hogar. Es una medida que hará menos vulnerables a muchas mujeres que lo son en estos momentos quienes están en una cárcel.

El viceministro Camilo Umaña presidió el evento de socialización de la Ley de Utilidad Pública en ‘El Buen Pastor’.

Esta ley permite que las mujeres privadas de la libertad por delitos con penas inferiores a ocho años (correspondientes a hurto, estupefacientes, o concierto para… pic.twitter.com/TH11NF5qQf

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) September 17, 2023

—¿Desde cuándo una mujer privada de la libertad puede acceder a este beneficio?

—Si cumple con los requisitos desde el 4 de septiembre pasado, día en el que el presidente sancionó la ley.

—Al final de cuentas serán los jueces los que tomen la decisión de si una mujer aplica o no para esta manera de justicia restaurativa. ¿Qué le dijeron desde la rama judicial?

Hicimos varios encuentros alrededor del país para conocer la opinión de los jueces. Los llevamos a cabo en Bogotá, en Cali [suroccidente de Colombia], en Cartagena [en la costa del Caribe, al norte], entre otros lugares. Y asistieron otros operadores de justicia, como asistentes psicosociales. Fue un proceso largo de interacción en el que, además de exponerles la ley, escuchamos sus inquietudes.

—¿Cómo cuáles?

—La posición general de jueces y juezas es que es una medida innovadora y algunos nos dijeron que tenían dudas sobre la capacidad de sus despachos para gestionar los casos con prontitud, de tener las plazas y los cupos necesarios para ir direccionando. Eso sería en general. La verdad es que hubo una gran acogida por la ley.

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